Un juzgado de Inca ha imputado a un abogado por un presunto delito de deslealtad profesional con un cliente. El letrado está acusado de no realizar los trámites encomendados por el perjudicado para la adquisición de una vivienda de protección oficial.
Según consta en la denuncia presentada por el afectado, desde el año 2015 era arrendatario de una vivienda en Binissalem, sobre la que tenía una opción de compra que ejerció un año después. El inmueble pasó a ser propiedad de un banco en 2017. La entidad no atendió la reclamación del perjudicado para ejecutar la compra, por lo que contrató a un abogado para presentar una demanda.
De acuerdo con la denuncia presentada ante el juzgado de Inca, el letrado cobró 2.300 euros pero «no ejerció las acciones encomendadas» y provocó que la demanda fuese desestimada y se condenara al perjudicado a pagar las costas del procedimiento. Además, sin avisar de que se había equivocado, presentó un recurso de apelación sin consentimiento y que también acabó desestimado y con la consecuente condena en costas. El escrito señala que la víctima no ha podido adquirir el inmueble y ha sufrido perjuicios morales.
El juzgado de instrucción número 1 de Inca ha abierto diligencias previas por un presunto delito de deslealtad profesional y ha citado ya a declarar al abogado en calidad de investigado.
