“Por primera vez en casi 20 años hemos tenido el respaldo de la Justicia”. Rosa Fernández-Cervera, hermana de Déborah, valoraba así este martes el que, después de la reapertura de la causa judicial, es sin duda el paso más importante dado en el caso aún sin resolver por la desaparición y muerte criminal de la joven viguesa, el de la citación en calidad de investigado del exnovio. La Audiencia Provincial de Pontevedra ordenó esta comparecencia y la jueza que lleva el caso, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tui, fijó la declaración para este próximo lunes 21 de febrero, aunque todo apunta a que se retrasará para una fecha posterior ya que el abogado defensor de Pablo P.S.Ll. así lo ha solicitado para poder estudiar el sumario y los letrados de la familia de la fallecida no se han opuesto al entender que es una petición “razonable y lógica”.
Rosa insiste en que su lucha no se debe a “ninguna opinión gratuita”. Tampoco, afirma, es una caza de brujas. “Una audiencia provincial no te cita en estos términos si no hay motivos para ello; lo que han hablado son las investigaciones policiales”, señala esta joven, apuntando a la desarrollada en 2010 y especialmente la de 2019 del nuevo equipo policial que se hizo cargo de las pesquisas, que en un informe apuntaba a la presunta implicación del exnovio en la “desaparición y muerte” de la joven. Ahora, dice esta mujer, la familia está “tranquila” y se muestra “prudente y cauta” ante la próxima comparecencia del exnovio.
Asimismo, celebran que se “interrumpa” el plazo de la prescripción, para el que faltaban menos de tres meses. “Esto nos da aire, permite que las periciales pendientes lleguen a tiempo”, valora Rosa. Entre las pruebas por las que se espera están, enumera, el informe definitivo de la autopsia realizada tras la exhumación del cadáver de Déborah, los resultados del cribado masivo de ADN, el informe final del análisis del disco duro del ordenador de la joven o análisis relacionados con fibras y otras evidencias.
Indicios
Igual que la familia, su equipo de abogados también valora positivamente que se haya avanzado en la causa. En relación con la citación en calidad de investigado del exnovio, Ramón Pérez Amoedo considera que es un paso consecuencia de los “indicios” existentes en el procedimiento, las investigaciones policiales realizadas durante todos estos años y “fundamentalmente” por las “contradicciones” existentes y por las declaraciones prestadas tanto ante la Policía Nacional como en sede judicial por personas allegadas a este empresario vigués.
“Lo que queremos dejar claro es que por parte nuestra no hay ninguna predisposición contra él; nosotros siempre hemos pedido que se investigue a todas aquellas personas que sea necesario”, afirma. “Incluso creemos que es un derecho de él [del exnovio] tener acceso a la causa, dar su versión y defenderse”, ahonda Amoedo. “Mostramos nuestro total apoyo a la presunción de inocencia; no prejuzgamos, nosotros pedimos que se llame a declarar en base a lo que consta en los informes policiales y en los autos y porque es un deber investigar los hechos delictivos”, señala. En su momento, petición que al menos por el momento no fue atendida, los letrados también solicitaron que se citara a otras personas por su presunta participación en calidad de cómplices o encubridores.
La audiencia pontevedresa habría citado a declarar al que fue novio de Déborah por los indicios existentes, el hecho de ser un delito grave, la cercanía de la prescripción de los hechos y, en definitiva, para agotar todas las posibilidades en un caso en el que la desaparición y muerte de la joven en 2002 aún están rodeados de misterio.
La importancia de la interrupción de la prescripción
Una consecuencia importante de la citación en calidad de investigado del exnovio es que se interrumpen los plazos de la prescripción. Algo que ocurre cuando faltaban menos de tres meses para que, al cumplirse los 20 años, llegase la temida fecha. El artículo 132.2 del Código Penal dice que la prescripción se interrumpirá, “quedando sin efecto el tiempo transcurrido”, cuando el procedimiento se dirija contra la persona “indiciariamente” responsable del delito: debe ser contra alguien “determinado” en “resolución judicial motivada”.
