La jueza ha procesado a nueve personas por la estafa de Lujo Casa, el mayor fraude inmobiliario de Balears con 235 afectados y un montante de 3,3 millones de euros. Según la magistrada, los acusados engañaron a los perjudicados con 32 promociones fantasma en Mallorca que ofertaban pese a no tener licencias o incluso sin ser titulares de los terrenos. Los sospechosos están imputados por delitos de estafa agravada, pertenencia a grupo criminal, insolvencia punible, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.
La titular del juzgado de instrucción número 11 de Palma relata que el principal acusado, Carlos García Roldán, y otros seis procesados aparentaron dedicarse a la promoción, construcción y venta de activos inmobiliarios desde finales de 2015 hasta el año 2018 a través de la sociedad Promociones Lujo Casa. Alquilaron una oficina en la calle Cardenal Rosell, en el Coll d'en Rabassa, donde ofrecían viviendas sobre plano, a pesar de que la empresa no tenía recursos ni financiación para llevar a cabo la construcción. Lujo Casa promocionaba los inmuebles en internet utilizando fotografías de promociones ajenas y de otros arquitectos y colocando carteles en los solares, pese a que los terrenos no eran suyos.
De esta manera, publicitaron y pusieron a la venta 32 promociones en Palma, Llucmajor y Marratxí. Lograron que al menos 235 perjudicados entregaran diversas cantidades a cuenta, con un total de 3,3 millones. El dinero acabó en las cuentas corrientes de Lujo Casa, desde donde se realizaron transferencias a los acusados o se movió para evitar que los afectados pudieran recuperarlo. También se abonaron salarios de trabajadores ficticios y gastaron enormes cantidades en restaurantes, servicios de compañía, casinos, joyas y vehículos.
Cuando los compradores reclamaciones o pedían explicaciones alegaban que había problemas con las licencias, con los Ayuntamientos o con los bancos e incluso intentaban convencerlos de que no denunciaran los hechos.
La Guardia Civil abrió una investigación tras recibir un alud de denuncias, pero el principal acusado, Carlos García Roldán, había huido de España. Fue localizado y detenido en Colombia en febrero de 2019 y desde entonces permanece en prisión preventiva, tras ser extraditado a España.
