Una denuncia en Palma de un empresario en Palma sacó a relucir un entramado de macroestafas de préstamos a nivel nacional de casi diez millones de euros. Los investigadores han detectado una docena de damnificados por este fraude, cinco de ellos en Baleares. Hasta el momento se han practicado nueve detenciones. No obstante quedan aún tres implicados por ser arrestados a nivel nacional. Dos de ellos en la capital balear. A todos los detenidos se les considera presuntos autores de varios delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La investigación policial se inició en 2020 en Palma a raíz de la denuncia interpuesta por un empresario. La víctima había contactado con este grupo con el objetivo de obtener un préstamo de varios millones de euros para llevar a cabo un proyecto empresarial. La organización criminal desmantelada se ofreció entonces a canalizar las gestiones para materializar esta operación a través de un supuesto prestamista. Para ello le exigían al afectado pagos adelantados, a modo de caución. El denunciante lo iba aportando de forma periódica.

Una vez que la víctima había entregado las cantidades, los integrantes de la organización comenzaron a dilatar la puesta en marcha de dicha operación alegando diversas excusas. Al no obtener resultados y al observar diversas irregularidades, el empresario comenzó a sospechar y decidió cancelarla. Tras rescindir el contrato, el afectado les solicitó reiteradamente que le devolvieran las cuantías abonadas, pero nunca le fueron reintegradas.

Con el avance de las pesquisas policiales. los investigadores detectaron la existencia de nuevos damnificados que habrían sido estafados mediante el mismo 'modus operandi' y por las mismas personas que integraban el aparato logístico de la organización criminal. Un total de cinco personas fueron afectadas en Baleares, a los que habría que sumar víctimas en Valencia, Alicante, Benidorm, Barcelona y Madrid.

Captadores que aportaban cercanía

Las víctimas de este fraude habría contactado con este grupo organizado de delincuentes después de recibir buenas referencias de conocidos. Estos decían tener una operación en marcha de características similares o información que avalaba la supuesta fiabilidad de estos individuos en la materialización de operaciones financieras. De hecho, la organización se valía de captadores que conseguían convencer a las víctimas aportando cercanía y confianza. A continuación, les conducían ante dos personas, un denominado paymaster y un contacto en el que delegaba el supuesto prestamista. Este se hacía pasar por un falso delegado de una reconocida firma especializada en este tipo de inversiones.

Los contratos de préstamo se firmaban en Madrid, en un conocido edificio de oficinas, al que acudían los miembros de la organización. Este escenario generaba una mayor confianza en la seriedad de la operación a los denunciantes. A partir de este momento, las víctimas abonaban sin rechistar las sumas que les solicitaban por adelantado y respondían a diferentes conceptos. Entre estos se encontraba la subscripción de un supuesto seguro de caución o la emisión de una garantía por parte de una sociedad o persona, que garantizaba el préstamo y servía a modo de aval.

En virtud de estos acuerdos firmados, una vez que se emitía esta garantía o el denominado seguro de caución, los fondos se desbloquearían y podrían ser abonados sin mayores problemas a los damnificados. Algo que nunca llegaba a ocurrir. Al final, el dinero no retornaba a los afectados y los integrantes de la organización alegaban que la garantía no llegaba o que no se emitía el seguro de caución. En realidad se trataba de una argucia para obtener los fondos, tener tiempo suficiente para distribuirlos entre su entramado de cuentas y sociedades para enriquecerse a costa de los denunciantes.

Con toda esta información, los investigadores pusieron en marcha la fase operativa con la práctica de seis registros simultáneos en Palma, Valencia, Alicante y Benidorm. En todas ellas se produjeron detenciones, al igual que en Barcelona y Madrid. Hasta el momento se han producido nueve detenciones relacionadas con este entramado societario criminal para cometer estafas. A estos habría que sumar otros tres implicados pendientes de arresto, dos de ellos en la capital balear.

Los agentes encargados del caso atribuyen a esta organización 25 cuentas corrientes, a través de las que movían cantidades millonarias de dinero. Fruto de estas pesquisas, los investigadores consideran que habrían cometido, presuntamente, delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental. En total se han intervenido más de 25 vehículos de lujo, motocicletas y dinero en efectivo en moneda de varios países. También se han decomisado valiosos artículos de joyería, entre los que se encuentran relojes que alcanzan los 40.000 euros de valor. El patrimonio personal de los investigados, que asciende a varios millones de euros, se ha inmovilizado.