La Policía Nacional ha detenido a tres personas por una importante estafa en la compraventa de coches en un concesionario de Palma. Los investigadores han recibido en las últimas semanas más de 30 denuncias por diversos fraudes en transacciones de vehículos y cifran el fraude en más de 75.000 euros. Los sospechosos son la dueña del negocio, su marido y un empleado.

Los arrestos se han producido tras una investigación realizada por parte de los efectivos del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, que ha recibido una media de tres denuncias diarias durante varias semanas. Según las pesquisas, los acusados ofertaban vehículos en portales de internet y redes sociales. Cuando acudía un comprador al local, situado en el número 32 de la calle Manuel Azaña, pedían el dinero en efectivo para eludir los impuestos a los que está sujeta la empresa. Acordadas las condiciones, pactaban con los clientes que ellos se hacían cargo del cambio de titularidad de los vehículos y de pasar la ITV. Pese a recibir el pago, se quedaban así con la documentación y no entregaban los coches.

Otra de las actividades que realizaban en el concesionario era la compra de vehículos a particulares para darlos de baja. Los sospechosos realizaban el trámite, pero luego ponían a la venta los automóviles sin que los nuevos propietarios pudieran ponerlos a su nombre. En uno de los casos la dueña había fallecido en 2014.

A una de las víctimas, tras realizar la venta del vehículo, le dijeron que no podían entregárselo con la excusa de que debían reparar una serie de desperfectos. Pactaron la entrega para días después con el compromiso de iniciar los trámites del cambio de titularidad y el seguro del mismo, pero el perjudicado descubrió después que la ficha técnica y el permiso de circulación no se correspondían con el coche que figuraba en el contrato. Nunca recibió el automóvil.

En el resto de denuncias recopiladas por parte de la Policía, las víctimas explicaron que los vehículos que habían comprado presentaban averías y fallos mecánicos que no habían sido comunicados por parte de los vendedores. La empresa no quiso hacerse cargo de las reparaciones. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones o nuevas víctimas.