La Guardia Civil está registrando diez clubes de fútbol que militaron en Segunda B, en una operación contra un posible fraude a la Seguridad Social y otros delitos vinculados con el uso de dinero no declarado cometidos por las entidades deportivas.
Aunque en un principio la Guardia Civil informó de que el registro afectaba también al Atlético Baleares, posteriormente reconoció que era un error y la operación no afectaba al club isleño. En la nota aclaratoria, la Guardia Civil señala que "presenta un error al final de la misma, que menciona al Baleares y dicha operación no ha afectado a ningún club de futbol de Baleares".
Según han informado fuentes de la investigación, entre los clubes figuran el Calahorra (La Rioja), Hércules (Comunidad Valenciana), Salamanca (Castilla y León), Mérida (Extremadura), Extremadura o Cartagena (Región de Murcia).
También están registrando en busca de documentación el Atlético Sanluqueño (Andalucía) o el Club de Fútbol La Nucía (Comunidad Valenciana), han indicado las mismas fuentes.
Las investigación se inició a raíz de una carta dirigida a la Real Federación Española de Fútbol y firmada por once clubs de 2ªB en el año 2020, que denunciaba el agravio comparativo que suponía para los equipos que pagaban de forma legal a sus jugadores y cotizaban debidamente a la Seguridad Social. Así, los especialistas en delitos económicos de la Guardia Civil con el apoyo de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, iniciaron una campaña para la detección de posibles delitos de fraude a la Seguridad Social cometidos por los diferentes clubs.
Esta práctica, por una parte, genera un menoscabo al Sistema de la Seguridad Social por estar ingresando menos dinero del que correspondería por las cotizaciones de sus futbolistas y, por otro lado, provoca grandes perjuicios a los propios futbolistas pues se les priva de los derechos que le asiste la seguridad social por su relación laboral con los clubs.
Desde el momento en que tuvieron conocimiento de este presunto fraude, los investigadores contactaron con distintos agentes del mundo del fútbol para comprobar la veracidad de los hechos denunciados en la carta que propició la investigación y que parecían normalizados y muy aceptados por la mayoría de los clubs.
En el marco de este análisis, tras una reunión de la Real Federación Española de Fútbol con todos los presidentes de clubs de fútbol de 2ªB y 3ª División que tuvo lugar en noviembre de 2019 y, que es de acceso público en Internet, resultó clave para dimensionar la magnitud y la normalización del problema.
A raíz de la constatación de la normalización del fenómeno, se preparó una campaña de lucha contra esta práctica. Este tipo de inspecciones coordinadas en la lucha contra el fraude están normalizadas y se realizan de forma habitual de forma conjunta entre la Guardia Civil y las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social, en los ámbitos laborales en los que se prevé que pudieran existir delitos de fraude a la Seguridad Social y contra los trabajadores. En este caso concreto además la Guardia Civil lo ha realizado en el desarrollo de sus funciones de lucha contra la corrupción en el deporte en todo el territorio nacional.
De este modo, la Guardia Civil y la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude pretenden colaborar en la erradicación de esta práctica ilegal que pudiera estar normalizada y extendida en el sector del fútbol, y que perjudica la leal competencia en el mundo del deporte así como los derechos de los trabajadores en este ámbito.
Las actuaciones han sido coordinadas por el Departamento de Análisis Criminal de la Policía Judicial de la Guardia Civil junto con la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, con la participación de las Unidades Orgánica de Policía Judicial de Algeciras, Cádiz, Alicante, La Rioja, Salamanca, Badajoz y Murcia.
