Solo en su celda y solo en el patio. Así vive Jorge Ignacio P. J., el presunto asesino en serie de Marta Calvo, Lady Marcela Vargas y Arliene Ramos, en su nuevo destino en el centro penitenciario Castellón II, en Albocàsser. Pero no porque esté aislado, sino porque está protegido, en este caso, por decisión del director de esa prisión, en cumplimiento de una petición del recluso.

Tal como informó en exclusiva Levante-EMV, diario perteneciente al mismo grupo de comunicación que este medio, Jorge Ignacio P. J. fue trasladado desde el centro penitenciario Antoni Asunción, en Picassent, al de Albocàsser el 26 de agosto, un mes después de que comenzase el proceso para sacarlo de la cárcel valenciana tras haberse visto envuelto en dos incidentes violentos.

El primero, protagonizado por él, ya que le estuvo haciendo la vida imposible a su compañero de celda, de avanzada edad, quien le acusó de vejarle y humillarle. La dirección del centro lo sacó de esa celda y de ese módulo y lo envió a otro. Días después de su llegada, Jorge Ignacio P. J. afirmó que dos reclusos le habían pegado en el patio tras advertirle que sabían quién era y lo que había hecho.

A partir de ese momento, invocó el artículo 75.2 del reglamento penitenciario por el que tiene derecho a vivir bajo un régimen especial que tiene por finalidad "salvaguardar la vida o integridad física del recluso".

Una ‘patata caliente’

La dirección del centro penitenciario de Picassent concluyó que lo mejor sería su traslado de cárcel para preservar su seguridad y alegó que su caso es "muy mediático".

La aplicación de ese artículo penitenciario supone, obviamente, un escollo para cualquier cárcel, ya que implica imponer un régimen ‘especial’ al recluso que lo pide, con el trastorno consiguiente para la organización diaria de la prisión, que se ve obligada a darle de comer aparte del resto de la población reclusa; mantener su derecho a salir al patio, pero cuando no haya nadie, obligando a que un funcionario esté con él en ese tiempo en lugar de realizar otras funciones programadas; lo mismo a la hora de disfrutar del gimnasio o de otras actividades que quiera realizar; e, incluso, proporcionarle una celda para él solo, cuando todas las cárceles tienen un evidente superávit de internos que hacen que las habitaciones estén saturadas.

Así las cosas, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias autorizó ese traslado, del que se dio cuenta al juez que investiga los asesinatos atribuidos a Jorge Ignacio P. J., el titular del Juzgado de Instrucción número 20 de València.

Dos de las partes personadas —la madre de Marta y, curiosamente, la propia abogada del presunto asesino en serie— se opusieron al traslado, ya que la ley recoge el derecho del recluso a pedir su inclusión en ese régimen de protección especial, pero también considera que es una medida excepcional que puede ser evitada poniendo otras en marcha, pero esa oposición no sirvió de nada y finalmente se llevó a cabo.

Así, cuando llegó a Albocàsser lo hizo al amparo de ese artículo 75.2, de manera que la patata caliente pasó a manos del director de esa prisión. Y, como quería Jorge Ignacio P. J., ha sido ingresado en un módulo de vida ordinaria —no de aislamiento—, pero vive solo en una celda, come solo y solo sale al patio, de manera que está "muy tranquilo", según las fuentes a las que ha tenido acceso este diario.