Condenado un menor de 14 años por una brutal agresión en un instituto de Palma

Un adolescente de 14 años ha sido condenado por una brutal agresión a un compañero de instituto, de doce años, en Palma. El acusado propinó un fuerte puñetazo en la cara a la víctima, causándole una grave fractura en la nariz. El perjudicado tuvo que ser atendido en un hospital y padece secuelas. La sentencia impone al agresor 75 horas de trabajos comunitarios por un delito de lesiones. El chico estaba acusado también de haber acosado durante meses a la víctima con graves insultos, empujones y collejas, pero estos hechos no han quedado probados. El fallo considera responsables civiles tanto a los padres del agresor como al Govern y deberán indemnizar al afectado con 4.862 euros.

Los hechos, según la sentencia dictada por el juzgado de menores y ratificada ya por la Audiencia, ocurrieron el 14 de mayo de 2018. Hacia las once de la mañana, cuando decenas de alumnos estaban en el patio del centro educativo durante un recreo, el acusado se abalanzó sobre la víctima y le dio un puñetazo en la nariz. La víctima tuvo que ser trasladada a un hospital, donde los médicos comprobaron que había sufrido la fractura de los huesos propios de la nariz. Tardó casi un mes en recuperarse de las heridas y como secuela le quedó una deformidad que altera su respiración.

La víctima denunció que llevaba meses recibiendo insultos, amenazas y golpes por parte del agresor

Tras la agresión, la víctima contó que el compañero que le agredió llevaba varios meses acosándole. Según su relató, entre enero y mayo de aquel año recibió insultos y amenazas por parte del acusado, que le daba empujones y le propinaba collejas de forma habitual durante los recreos. La fiscalía y el abogado de la acusación particular le consideraban por ello autor de un delito contra la integridad moral, pero la sentencia considera que estos hechos no han quedado probados. Así, el adolescente ha sido condenado como autor de un delito de lesiones a cumplir 75 horas de trabajos en beneficio de la comunidad.

La sentencia declara responsables civiles tanto a los padres del agresor como al Govern, a quien considera guardador de hecho del menor agredido porque los hechos ocurrieron en un centro educativo público. Por ello, los progenitores y la institución deberán hacer frente de forma conjunta a la indemnización de 4.862 euros fijada para la víctima por las lesiones, las secuelas y el daño moral sufrido.

La Abogacía de la Comunidad recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial, alegando que el instituto no era responsable de lo ocurrido y solicitando quedar exonerado de abonar la compensación. El tribunal, sin embargo, ha rechazado sus argumentos y ha confirmado la decisión del juzgado de menores.

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