Hace más de 30 años que el sacerdote Fernando Báez Santana, conocido popularmente como Padre Báez, se convirtió en un personaje mediático por sus polémicas manifestaciones de diversos temas en los medios de comunicación. En muchas ocasiones colectivos e instituciones han denunciado sus formas de actuar y expresarse, pero "esta es la gota que colmó el vaso", expresó hace unos días el obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, en referencia a las publicaciones efectuadas por el párroco en relación al asesinato de las niñas de Tenerife.
La decisión ya está tomada por parte de la institución eclesiástica. El sacerdote ha sido oficialmente apartado de sus funciones y cesado de forma cautelar como párroco de la iglesia de Lomo Magullo y de las ermitas de los barrios de Cazadores, Tecén y La Breña, todas ubicadas en el municipio de Telde. Tampoco podrá participar públicamente en la eucaristía, ni efectuar declaraciones públicas en sus redes sociales ni en ninguna otra vía de comunicación en calidad de sacerdote.
Estas medidas tomaron rigor ayer, a la par que se aprobó mediante decreto el cierre de una investigación iniciada por encargo de Mazuelos el pasado mes de noviembre, en consecuencia de las múltiples quejas y denuncias contra el sacerdote en los últimos años. Desde el Obispado aclaran que las afirmaciones sobre la muerte de las menores, en las que Báez culpabiliza a la madre de la tragedia por cometer a su parecer una infidelidad, han sido motivo suficiente para iniciar un proceso judicial canónico que acabará por esclarecer si la Iglesia le retira el cargo de sacerdote de forma definitiva o toma otras represalias.
El párroco recibió la notificación el martes por la tarde de todas las medidas cautelares tomadas y, tras firmar la correspondiente acta por la que se daba por notificado, presentó por escrito su renuncia voluntaria. Por otro lado, la institución adelanta que a la espera de que se proceda a nombrar un párroco o administrador parroquial en los centros que hasta ahora tenía encargados, actuará en su nombre el vicario episcopal de la zona sur de Gran Canaria, Antonio Juan López.
De esta manera parece que va concluir la carrera eclesiástica del conocido sacerdote. Numerosos colectivos sociales, formaciones políticas e incluso instituciones públicas y privadas han presentado denuncias y declarado públicamente su repulsa a las palabras de Báez. El pasado martes, el Cabildo insular formalizó la denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Las Palmas y la solicitad para que se abra una investigación que determine si las declaraciones por parte del conocido como Padre Báez pudieran ser "constitutivas de un ilícito penal de odio por razones ideológicas". Por otro lado, el Ministerio Público ya había decidido desde el lunes actuar de oficio y abrir diligencias de investigación para determinar si las manifestaciones "merecen la calificación de infracción penal".
Asimismo, el Obispado también manifestó su postura sobre las declaraciones del polémico cura apenas unas horas después de iniciarse la polémica. En un comunicado oficial publicado en la noche del domingo, la institución se desvinculó totalmente de las afirmaciones de Báez y subrayó que "lamentamos profundamente y pedimos perdón por el dolor que estas declaraciones han ocasionado. Rechazamos y desautorizamos dichas opiniones personales que no reflejan los sentimientos de esta comunidad eclesial".
Por otra parte, Mazuelos volvió a declarar su rechazo el martes, incidiendo en que "no hay motivo ni justificación para defender este crimen vicario" y destacó además que la Iglesia "en la vida va a justificar una muerte de unos menores por una infidelidad". Por otra parte, también quiso manifestar que la Iglesia "es una familia y dentro de las familias están los listos, el tonto y el más atrevido".
El sacerdote, que en primer momento reiteró sus duras declaraciones sobre el caso, reculó el martes aseverando que jamás había vinculado la muerte de Olivia y Anna a infidelidades de su madre, "lo que no quita que desde mi humilde opinión destacara un problema que he visto en esta sociedad y que parece que todo el mundo quiere obviar, y es la falta de valores dentro de las relaciones matrimoniales", sostuvo.
No es la primera vez que las manifestaciones y hechos cometidos por el sacerdote producen rechazo público, aunque jamás se habían tomado medidas como la actual. La última ocasión tuvo lugar el pasado enero, cuando Báez organizó una excursión al Roque Bentayga con un grupo de 20 personas. El párroco se quitó la mascarilla en varias ocasiones durante la actividad y no guardó la distancia de seguridad establecida por el Ministerio de Sanidad en una zona que además tiene el acceso prohibido por el riesgo de desprendimientos.
Pero sin lugar a dudas el suceso más grave en el que se vio envuelto el controvertido clérigo fue la muerte de una menor que efectuó, con él como responsable, una excursión a la playa de Guguy. Durante el trayecto, efectuado por casi 40 menores guiados por Báez, el fuerte calor deshidrató hasta la muerte a una de las chicas y agotó al resto del grupo. El sacerdote permaneció con el cuerpo inerte de la joven, de unos 17 años, durante casi 24 horas hasta que los servicios de emergencia pudieron acceder al lugar para atenderles y evacuarles.
