«Interpelada la delegada del Gobierno para que abriera una investigación de oficio (...) la señora Calvo se rio de la petición por encontrarla absurda». El alcalde de Capdepera, Rafel Fernández, ha enviado sendas peticiones de investigación interna al ministro del Interior, a la Dirección General de la Guardia Civil y al Defensor del Pueblo, porque los presuntos autores de la agresión a dos agentes de la Policía Local en Cala Rajada el pasado día 2 no fueran detenidos hasta tres días después. En los escritos hace mención a la reacción de Aina Calvo en la reunión que los responsables municipales mantuvieron con la delegada y el coronel jefe de la Guardia Civil el pasado día 14, cuando se le solicitó que se investigaran esta, a su juicio, tardanza.
Los escritos fueron enviados ayer al Defensor del Pueblo, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la Dirección General de la Guardia Civil. En ellos se hace un relato de los hechos ocurridos tras el altercado ocurrido el pasado día 2 por la tarde en Cala Rajada, cuando dos agentes de la Policía Local de Capdepera que acudieron por las quejas por una fiesta ilegal en un domicilio fueron atacados por varios miembros de un clan familiar. La escena fue grabada en vídeo por varios testigos, en los que se aprecia cómo varios familiares agredían a los policías.
Tras el altercado acudieron al lugar una patrulla de la Guardia Civil y otra de la Policía Local.
En el documento se explica que «dada la superioridad numérica de los atacantes, no se pudo proceder en ese momento a la detención de los agresores, redactándose el correspondiente informe de los hechos». Añade que «de todo ello se dio cumplida información al comandante del puesto de la Guardia Civil de Artà».
El Ayuntamiento ha enviado solicitudes al Defensor del Pueblo, a la Guardia Civil y al ministro del Interior
El alcalde de Capdepera indica que la Guardia Civil de Artà se hizo cargo de la instrucción de las diligencias y que «desde el día de los hechos hasta el día 5, los agresores se presentaron voluntariamente en dicho puesto, se considera que su comparecencia se dilató mucho en el tiempo, ya que en ningún momento anterior fueron detenidos, sino que la entrega fue voluntaria».
Considera también que estos hechos podrían ser constitutivos de una falta grave o muy grave, tipificada en el régimen disciplinario de la Guardia Civil, como «la falta de colaboración manifiesta con otros miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando resulte perjudicado gravemente el servicio o se deriven consecuencias graves para la seguridad ciudadana».
El alcalde de Capdepera relata también que en la reunión del pasado 14 de abril en Delegación del Gobierno, con la presencia del coronel jefe de Balears, Alejandro Hernández, solicitó la apertura de una investigación de oficio sobre la actuación de la Guardia Civil. «La señora Calvo se rio de la petición por encontrarla absurda», afirma.
Las cartas concluyen con la solicitud de que se ordene «la práctica de una información reservada para el esclarecimiento de los hechos , y en caso de observarse irregularidades, la determinación de sus presuntos responsables y la procedencia o no de iniciar un procedimiento sancionador».
