Siete acusados han confesado hoy en la Audiencia de Palma su implicación en 24 robos de motos acuáticas, embarcaciones y coches de lujo en Mallorca. Los procesados han admitido haber falsificado documentos para vender luego los vehículos sustraídos e incluso la elaboración de autos judiciales fraudulentos para conseguir llevarse automóviles embargados de depósitos municipales. Estos sospechosos han alcanzado acuerdos con la fiscalía para ser condenados a penas de entre seis meses y dos años de prisión por varios delitos. El dueño de la gestoría a través de la cual se daba salida a los vehículos robados ha rechazado pactar con la acusación y ja declarado ante el tribunal que desconocía la trama. Además, otro sospechoso está declarado en rebeldía y una mujer ha sido exculpada al retirarse los cargos contra ella.
La banda, de acuerdo con las confesiones de los procesados, actuó entre mayo y noviembre de 2016. Los tres cabecillas se dedicaron durante esos meses a recorrer los puertos deportivos de la isla. En Calanova, Portals, el Port de Pollença y Costa dels Pins lograron hacerse con una decena de motos acuáticas y una embarcación valoradas en miles de euros. La actividad de la banda incluyó también la sustracción de varios turismos de lujo y una autocaravana, tanto en garajes particulares como en la calle, en Palma, Inca y Can Picafort.
Los vehículos sustraídos eran vendidos después tanto en España como en otros países tras falsificar documentos, sin que los compradores tuvieran conocimiento de su procedencia ilícita.
La red se adueñó también de coches que habían sido embargados judicialmente. Para hacerse con ellos, falsearon autos de juzgados de Palma y Murcia para conseguir retirarlos de los depósitos municipales donde estaban custodiados. Con este método consiguieron adueñarse de un Lamborgini valorado en 119.000 euros que acabó vendiéndose en Hamburgo (Alemania).
La fiscalía acusó a diez personas por su pertenencia a esta organización y reclamó inicialmente hasta once años de cárcel para cada uno de los procesados. Las conversaciones entre los abogados defensores y el ministerio público para alcanzar un acuerdo de conformidad han culminado hoy. Siete de los procesados han reconocido su implicación ante el tribunal de la sección segunda de la Audiencia. La fiscal ha rebajado notablemente sus pretensiones y estos acusados serán condenados a penas de entre seis meses y dos años de cárcel por delitos de hurto, robo, falsedad documental y grupo criminal, algunos con atenuantes.
El único procesado que no ha pactado es el propietario de la gestoría en la que se tramitaron los cambios de titularidad de algunos de los vehículos sustraídos. El hombre ha negado en su declaración conocer la falsedad de los documentos que le presentaban y el resto de sospechosos no le han incriminado directamente. El juicio continuará para dirimir sobre su culpabilidad.
La vista se ha celebrado en dos salas diferentes de la Audiencia debido a las medidas sanitarias por el coronavirus. En una estaban los abogados y el tribunal y en la otra los acusados. Además, un procesado ha comparecido por videoconferencia desde Málaga. El juicio ha comenzado con más de una hora de retraso por los preparativos y cuando se ha iniciado se han producido importantes problemas técnicos para conectar los tres espacios. El tribunal, visiblemente molesto, ha estado a punto de suspender la vista para otro día.
