La Sección Primera de la Audiencia Provincial condenó ayer a cinco personas a ocho años y medio de prisión por un fraude de casi medio millón de euros a la Seguridad Social y en prestaciones por desempleo. Todos los procesados fueron condenados por los delitos de falsedad documental y por pertenencia a organización criminal

Con carácter previo a la celebración de la vista oral, las partes alcanzaron un acuerdo de conformidad con el fiscal y la acusación particular. De hecho las deliberaciones se prolongaron durante más de tres horas. Fruto de este acuerdo, el representante del ministerio público rebajó sustancialmente la petición inicial de 28 años de prisión a ocho años y medio para todos ellos.

El fraude al Servicio Público de Empleo del Estado (SEPE) y a la Seguridad Social se perpetró durante tres años, entre 2009 y 2012. Los ayer condenados utilizaban un entramado de empresas ficticias, sin actividad conocida, para expedir contratos de trabajo igualmente falsos. La única finalidad de estos era que los supuestos trabajadores cobraran prestaciones por desempleo y fueran dados de alta en la Seguridad Social por una actividad que, en realidad, no realizaban. Estos falsos empleados les pagaban a los miembros de esta organización, que se aprovechaban de su vulnerabilidad y de su desconocimiento de la legislación, al tratarse mayormente de extranjeros.

A través de las empresas ficticias PC Express Solutions SL, Inves Big Corner 2007 SL y Villa Esmeralda S.XXI, los cabecillas expidieron contratos falsos con las víctimas. Todas ellas respondían a un perfil similar: ciudadanos extranjeros en situación irregular, con nulo conocimiento del español y de la normativa del país. Los miembros de este entramado cobraban una cantidad de 150 euros a cada uno.

A partir de este momento, estos falsos trabajadores eran dados de alta en la Seguridad Social y también tenían acceso al cobro de la prestación por desempleo. Esta organización contaba con la colaboración de una gestoría de Palma para que realizara los trámites. No obstante, el responsable falleció antes de sentarse ayer en el banquillo de la Audiencia Provincial.

La causa se retrasó casi una década debido a que el principal artífice de esta trama permaneció fugado en la República Dominicana. Al regresar a España, con una salud muy mermada, pudo ser juzgado junto con el resto de sus compinches. Cada uno de los miembros de esta organización tenía su función perfectamente delimitada de antemano.

Sentencia ‘in voce’

Durante su comparecencia ante la sala, los cinco acusados reconocieron su participación en los delitos de los que eran acusados. Con carácter previo a la celebración de la vista, uno de los procesados no pudo contener las lágrimas y tuvo que ser consolado por su abogado, al saber que iba a ser condenado.

La sentencia dictada ‘in voce’ en la Audiencia Provincial, además de las penas de prisión, estableció que los cinco condenados indemnizaran, de manera solidaria, con 194.000 euros al Servicio Público de Empleo y a la Seguridad Social. Se trata de la suma que estaba aún pendiente de ser recuperar por las arcas públicas.