La Policía Nacional ha desmantelado en Palma una trama de presunta inmigración irregular en la que estaría implicados un empresario, abogados y al menos un funcionario de la Administración Periférica del Estado. El método para perpetrar este fraude, cuyo montante se está analizando, consistiría en simular una conciliación laboral para fingir un arraigo laboral impostado y lograr así la regularización en el país.
Una laboriosa investigación de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Policía Nacional culminó ayer por la mañana con la detención de dos abogados de Palma por su presunta relación con este entramado. Los agentes registraron su despacho, en la calle Comte de Sallent de Palma, e intervinieron allí ordenadores y diversa documentación, cuyo contenido está siendo analizada.
Las pesquisas policiales están centradas en torno a la figura de un controvertido empresario, de 33 años, vinculado a los gimnasios y al mundo del fitness. Este individuo habría proporcionado documentación falsa a estos inmigrantes después de que le abonara previamente la suma de unos 5.000 euros cada uno.
Expedientes aprobados
Así, este sujeto habría contactado con el despacho de abogados registrado ayer para que todos los inmigrantes marroquíes que le hubieran pagado la cantidad estipulada pudieran regularizar su situación mediante la fórmula del arraigo laboral.
De acuerdo con la investigación practicada, todos estos inmigrantes aparentaban haber trabajado en los gimnasios de este empresario y este accedía, supuestamente, a firmar el acta de conciliación después que le hubieran abonado la cantidad convenida. Además, este individuo ya fue arrestado por tráfico de drogas y de sustancias anabolizantes en gimnasios de Palma y de Calvià.
Dicho empresario habría necesitado de la aportación de un abogado laboralista. Este letrado habría formalizado la supuesta denuncia de estos empleados a su empleador y el acuerdo alcanzado. El conflicto laboral se resolvía en primer término en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Illes Balears (TAMIB). Una vez alcanzada la conciliación perseguida, otra letrada se encargaba de presentar la documentación en la Oficina de Extranjería de Palma.
Todos los expedientes presentados de parte del regente de estos gimnasios obtuvieron el visto bueno en la Oficina de Extranjería de Palma. Fruto de estas pesquisas, la Policía ha citado como investigado a un funcionario por la supuesta connivencia con este empresario. Aún queda por determinar el grado de implicación de estos abogados detenido en la trama.
Al parecer, el empleado público se derrumbó tras ser preguntado por su supuesta colaboración con esta organización para proporcionar papeles a inmigrantes marroquíes a cambio de dinero.
La investigación policial en relación con esta trama de inmigración irregular continúa bajo secreto de sumario. No se descarta que otros abogados y funcionarios pudieran estar implicados en esta organización y que se produzcan nuevas detenciones relacionadas con este fraude.
El ‘cerebro’ fue arrestado por tráfico de anabolizantes
El empresario de 33 años implicado en este entramado de inmigración irregular de personas marroquíes dista de ser un desconocido. De hecho, este individuo ya fue detenido y por tráfico de drogas y de anabolizantes en Palma y en Calvià.
Tras su arresto en 2017, este emprendedor vinculado a los gimnasios y al mundo del fitness aseguraba haberse postulado contra las drogas. No obstante, muchos investigadores ya dudaban entonces de que su propósito de enmienda fuera real.
Después de unos años de aparente abandono del tráfico de anabolizantes, su nombre ha vuelto a salir a relucir por presuntas actividades delictivas. Aunque en esta ocasión, en lugar de estar vinculado al mundo de los gimnasios habría estado involucrado en un caso de supuesta inmigración irregular.
Las actuales restricciones sanitarias para que el público pueda acudir libremente a los gimnasios, debido al elevado riesgo de contagio del coronavirus, habría obrado el drástico cambio de actividad delictiva de este controvertido empresario.
De acuerdo con la investigación realizada hasta el momento, la maquinación de fingir una simulación de una conciliación para aparentar que estos inmigrantes irregulares trabajaban para él habría arrastrado a abogados y funcionarios.
Cada uno de estos inmigrantes le habría abonado una cantidad, en torno a unos 5.000 euros, para que regularizaran su situación. Con su detención también habrían salido a relucir otros delitos como falsedad documental, favorecimiento de la inmigración irregular y estafa, cuyo montante total aún está por determinar.
