Las empresas de seguridad privada cuentan en Balears con casi 5.000 vigilantes, más que las plantillas de la Policía Nacional y Guardia Civil juntas. El inspector Alfredo Rodríguez (Gijón, 1970) dirige la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía Nacional, el grupo que controla el trabajo de estos profesionales.
¿En qué consiste la labor del Grupo de Seguridad Privada de la Policía?
Somos el enlace con todas las empresas de seguridad privada y además llevamos un control administrativo de una serie de establecimientos que tienen la obligación de tener unas medidas de seguridad adicionales. Hacemos el control de los vigilantes de seguridad, detectives privados y las infracciones a la Ley de Seguridad Privada. Además, como jefe de esta unidad soy el interlocutor sanitario territorial, que es el enlace con el personal sanitario en casos de agresiones.
Vamos por partes. Hay empresas que están obligadas a contar con unos sistemas de seguridad privada, porque son más susceptibles de sufrir un asalto.
Sí, hay algunas empresas obligadas por ley a contar con unas medidas de seguridad especiales, como bancos, joyerías, farmacias, estaciones de servicio o establecimientos de compraventa de oro. También llevamos el control de los cajeros automáticos desplazados, los que están separados de las oficinas, muy habituales en zonas turísticas.
¿Cuántas empresas de seguridad privada operan en Balears y cuántos vigilantes emplean?
En la actualidad funcionan 45 empresas en todas las islas, y están trabajando 4.932 vigilantes.
¿Y qué tal son las relaciones entre estas empresas y la Policía?
Perfectas. Quid pro quo. Hay un intercambio constante de información y de trabajo por las dos partes. A todos nos interesa tener buenas relaciones para que fluya la información en los dos sentidos, porque todos estamos en lo mismo, en la seguridad de los ciudadanos.
Casi 5.000 vigilantes de seguridad suponen la posibilidad de captar mucha información. Esta gente está trabajando en establecimientos o en la calle y puede tener conocimiento de primera mano de incidentes o delitos que interesan a la Policía.
Exacto. Nosotros tenemos una herramienta de colaboración que se llama Red Azul, que es una aplicación informática en la que hay un intercambio de informaciones relevantes entre la seguridad privada y la pública.
¿Y es efectiva esta colaboración?
Los vigilantes son una fuente de información muy buena para la Policía. Están en muchos sitios estratégicos. Puede ser que en caso de atentado el primero que se lo encuentre sea un vigilante. Y la ley especifica que el vigilante está obligado a colaborar con la Policía, y cuando actúa en colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado, el vigilante tiene consideración de agente de la autoridad. Y en centros comerciales los vigilantes realizan cada día una media de cuatro o cinco colaboraciones diarias por casos de hurtos. Retienen a los ladrones hasta que llega la Policía, y luego se realiza el juicio rápido. Por ejemplo, en el pasado mes de octubre, hubo más de cien de estas colaboraciones. Además las empresas tienen la política de denunciar todos estos hurtos, que aunque son delitos menores, no dejan de ser delitos.
¿Los vigilantes de seguridad están bien cualificados?
Cada día hay más formación y cada día son personal más cualificado. Los cursos que imparten las academias cada vez son mejores y nos estamos dando cuenta de que la gente cada vez está más formada.
Pero se han producido muchas quejas por abusos de vigilantes que se extralimitaban.
Pero hay que saber diferenciar, porque es un sector en el que hay mucho intrusismo. El intrusismo es el gran problema de la seguridad privada, porque genera mala imagen. Y la gente puede ver una actuación en un local y se piensa que es un vigilante y en realidad no lo es.
¿El nivel de intrusismo es muy elevado?
Sí que lo es. Y nosotros lo perseguimos. Investigamos todas las denuncias que nos llegan de las empresas, los sindicatos o los mismos vigilantes, porque es algo que causa un impacto muy negativo en el sector.
Me decía que se encargan de los casos de agresiones a personal sanitario.
Tenemos la figura del interlocutor sanitario territorial, que en este caso soy yo, que hace de enlace con los sanitarios en caso de agresión. Se da formación, se hacen contactos y charlas y se les asesora sobre cómo deben actuar en estos casos. El año pasado tuvimos 10.000 contactos con personal sanitario a nivel nacional. Es un fenómeno grave, si bien, con la pandemia, se ha reducido mucho. En los últimos cuatro meses ha habido dos agresiones físicas. La gran mayoría, que no dejan de ser importantes, son verbales.
La seguridad privada ha experimentado un gran auge. ¿A qué lo atribuye?
Hay una serie de fenómenos, como la ocupación de inmuebles, que generan una gran alarma mediática y social. Y la alarma hace que mucha gente trate de protegerse adicionalmente. También están los hurtos, que causan grandes perjuicios a los comercios, y que llevan a las empresas a intentar evitarlos. De hecho se va a implementar un protocolo en los próximos meses, para poder presentar las denuncias in situ, para que el vigilante no tenga que desplazarse a dependencias policiales por una serie de delitos menores.
¿Cree que este auge de la seguridad privada responde a una sensación de inseguridad entre los ciudadanos?
No, no lo creo. De hecho, en Europa disfrutamos de una situación muy segura. Es verdad que cada vez más la seguridad privada es un complemento de la seguridad pública. Esto se ve en lugares estratégicos como aeropuertos y puertos, donde hay un gran despliegue de seguridad privada. Pero no se puede relacionar el auge de la seguridad privada con una situación de inseguridad generalizada.
