¿Asociaciones de consumidores o bandas de narcotraficantes? Esta es la pregunta que planteó la Fiscalía de Balears a la Policía Nacional de Palma en 2016, ante la avalancha de peticiones de autorización para crear agrupaciones cannábicas. En teoría se trataba de entidades sin ánimo de lucro que pretendían el autoabastecimiento de los consumidores, a los que evitarían tener que recurrir a traficantes de droga para abastecerse. Las investigaciones realizadas durante este tiempo por el Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional parecen haber resuelto esta duda: 25 de estas asociaciones han sido desmanteladas, con 50 personas detenidas, al quedar acreditado que ganaban ingentes cantidades de dinero con su actividad, lo que les convertía de facto en organizaciones de narcotráfico.

«Estas asociaciones surgen en Cataluña hace una década, muy bien asesoradas jurídicamente», explica el inspector jefe del Grupo II de Estupefacientes de la Policía. «Se excusan en que venden cannabis con un fin terapéutico, sin ánimo de lucro, aunque por lo general lo que nos encontramos detrás son negocios muy lucrativos que se dedican, simple y llanamente, al tráfico de droga».

Ofensiva policial contra las asociaciones cannábicas

¿Asociaciones de consumidores o bandas de narcotraficantes? Esta es la pregunta que planteó la Fiscalía de Balears a la Policía Nacional de Palma en 2016, ante la avalancha de peticiones de autorización para crear agrupaciones cannábicas. En teoría se trataba de entidades sin ánimo de lucro que pretendían el autoabastecimiento de los consumidores, a los que evitarían tener que recurrir a traficantes de droga para abastecerse. Las investigaciones realizadas durante este tiempo por el Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional parecen haber resuelto esta duda: 25 de estas asociaciones han sido desmanteladas, con 50 personas detenidas, al quedar acreditado que ganaban ingentes cantidades de dinero con su actividad, lo que les convertía de facto en organizaciones de narcotráfico.

«Estas asociaciones surgen en Cataluña hace una década, muy bien asesoradas jurídicamente», explica el inspector jefe del Grupo II de Estupefacientes de la Policía. «Se excusan en que venden cannabis con un fin terapéutico, sin ánimo de lucro, aunque por lo general lo que nos encontramos detrás son negocios muy lucrativos que se dedican, simple y llanamente, al tráfico de droga».

Estas asociaciones deben estar inscritas en un registro, de manera que no se esconden y sus responsables mantienen que su actividad es legal, pero la Policía discrepa: «Facilitar el consumo de droga está prohibido por el Código Penal, de igual manera que están prohibidas las asociaciones para promover actividades ilegales», prosigue Nogales.

Y esto nos lleva al año 2016. Ante el registro de varias asociaciones de consumidores de cannabis en Mallorca, la Fiscalía solicita a la Policía que inicie averiguaciones para determinar si las actividades que llevan a cabo son o no legales. Se trata de comprobar si se limitaban a proveerse para el autoconsumo o si traficaban con droga. El encargo llegó a manos del Grupo de Estupefacientes y fue el inicio de una ofensiva en toda regla contra estas agrupaciones.

«Desde un principio comprobamos que la gente que dirigía estas asociaciones eran conocidos por dedicarse al tráfico de droga, muchos de ellos con antecedentes policiales», prosigue el inspector . «Y todas las agrupaciones que hemos investigado ganaban dinero con la venta de droga. El cliente paga el doble o el triple del valor de la dosis. No ha habido ni una que no tuviera ánimo de lucro».

Ademas, según el policía, estas asociaciones consiguen blanquear el dinero del narcotráfico, ya que muchas tienen empleados dados de alta en la seguridad social, con sueldos que salen directamente de la venta de estupefacientes.

Operación Martillo

A lo largo de los últimos años los agentes del Grupo de Estupefacientes han llevado a cabo unas 25 operaciones contra estas asociaciones en Palma, que se han saldado con unos cincuenta detenidos. Pero la más importante se produjo a principios del pasado mes de septiembre. Fue la operación Martillo, que desmanteló una organización de traficantes que se escondían bajo el paraguas legal de una asociación denominada «No más guetos». Su responsable está considerado el rey de las asociaciones cannábicas de Palma.

Este hombre, de 47 años, tenía una decena de detenciones anteriores por narcotráfico. En 2013 fue arrestado por una plantación de 1.500 plantas de marihuana. Su actual asociación disponía de un local en el polígono de Can Valero con cinco empleados, todo de apariencia legal.

Una apariencia que se desmoronó con la operación Martillo. Los agentes del Grupo II de Estupefacientes, con el apoyo de policías locales de Palma, realizaron un registro a principios de septiembre, tanto en el local de Can Valero como en dos fincas rústicas de Son Ferriol, donde tenían una gran plantación de marihuana.

El balance de la operación fue la incautación de 500 plantas, trece kilos de marihuana dispuesta para la venta y un kilo y medio de hachís. Fueron detenidas seis personas, incluidos el presunto responsable y sus dos hijos, que presuntamente se encargaban de los cultivos de droga. Según la Policía ingresaban entre 1.500 y 3.000 euros al día.

El gran éxito de la operación, a juicio de la Policía, fue la posterior resolución judicial. El juzgado considera que podrían haber cometido delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. A propuesta del abogado defensor, quedaron libres pero se ordenó la intervención de todos los inmuebles relacionados con la organización, tanto el local como las fincas rústicas, que quedaron precintados por la Policía para «impedir que continúe desarrollándose el delito».

También impuso una orden de alejamiento que prohíbe, tanto al responsable como a sus dos hijos, entrar en estos inmuebles. El detenido se comprometió a abandonar la actividad desarrollada en el local, a cerrarlo y a entregar las llaves en el juzgado.