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Se reabre el caso

La Audiencia de Madrid ordena investigar a las detectives que espiaron a la víctima de la Manada

Un juez había archivado la denuncia de la joven, pero los magistrados ven ahora "indicios de delito" y concluyen que se debería haber protegido "su intimidad y dignidad"

Los cinco hombres de La Manada, condenados por agresión sexual.

Los cinco hombres de La Manada, condenados por agresión sexual.

La sección número 14 de la Audiencia de Madrid ha acordado investigar la actuación de las dos detectives privadas que vigilaron a la víctima de la Manada durante los tres meses posteriores a las violaciones que la joven sufrió en Pamplona en los Sanfermines del 2016. Según ha sabido El Periódico de Catalunya, el tribunal aprecia "indicios de delito" en los seguimientos que las dos investigadoras realizaron a la chica aquel verano en que ella trataba de rehacer su vida y que fueron utilizadas para desacreditar a la joven madrileña por llevar una "vida normal" tras la agresión sexual.

La nueva decisión judicial revoca la decisión tomada hace unas semanas por el juzgado número 40 de Madrid, que archivaba la denuncia presentada por la chica por un delito de revelación de secretos y contra la intimidad personal, como adelantó este diario. El juez instructor consideró que las detectives, que llegaron a fotografiar a la víctima junto a cinco amigos en la piscina de su urbanización, en el vestíbulo de su portal y también en un restaurante con su familia, no vulneraron su intimidad porque "recabaron datos e imágenes en lugares públicos". Entonces la abogada de la chica, Teresa Hermida, recurrió la resolución ante la Audiencia Provincial, que ahora le da la razón y acuerda "continuar con la instrucción de la causa".

Fotos en la piscina

El fallo de la Audiencia concluye que las investigadoras de la empresa sevillana Cassol, contratadas por la familia de Alfonso Cabezuelo, el militar condenado a 15 años de cárcel junto a los otro cuatro miembros de la Manada, "no solo accedieron a la identidad y domicilio de la víctima, que debía de estar protegido por el secreto sumarial, sino que en el curso de la investigación accedieron a chats privados de esta, y en la piscina de su domicilio, sin el consentimiento debido, tomaron instantáneas de la misma".

Lo cierto es que las detectives incluyeron en su informe "datos de identificación del domicilio actual de la víctima en Madrid, así como datos de la localidad donde ella y su familia tienen su segunda residencia", según la denuncia que presentó la joven. También, imágenes de la víctima en un bar acompañada de sus padres, junto a expresiones como "cena cómodamente con su familia" o ella "es el centro de atención de la mesa con su conversación". Tras sus seguimientos, concluyeron que la joven "no ha cambiado sus hábitos con posterioridad a los hechos denunciados", añadiendo que "fuma, sale de marcha, toma café con los amigos...".

Su informe y un segundo dossier que elaboraron con la actividad de la chica en redes sociales fueron incorporados por uno de los abogados de La Manada durante la investigación del caso, aunque finalmente la documentación quedó fuera del procedimiento. Sin embargo, para entonces la joven ya había sufrido una "victimización secundaria o reiterada", según el auto de la Audiencia, que concluye: "La víctima debería de haber estado protegida en su intimidad y dignidad, durante la sustentación del proceso, y por quienes tienen la obligación legal de garantizar esa protección. Esa responsabilidad puede alcanzar también a quien teniendo conocimiento de las informaciones existentes en el expediente procesal, hacen un uso ilegítimo de las mismas, para atentar contra los bienes personalísimos de esta".

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