La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Balears celebrará desde este lunes y hasta finales de mes un macrojuicio a una treintena de acusados por presuntamente pertenecer a un grupo internacional dedicado al tráfico de drogas.
La Fiscalía sostiene en su escrito que los acusados formaban una banda estructurada dedicada al narcotráfico a gran escala, que introducía importantes cantidades de cocaína y hachís en Mallorca.
A los acusados se les imputan varios delitos contra la salud pública, un delito de blanqueo de capitales y otro de integración en grupo criminal. Además, a dos de los acusados se les atribuye también un delito de tenencia ilícita de armas por varias armas de fuego, para las que carecían de licencia, que fueron intervenidas durante los registros.
La Fiscalía pide para todo el grupo penas que suman 265 años y medio de cárcel y multas que alcanzan un montante de casi 8,5 millones de euros -a uno de los acusados se le exige una multa de 1,2 millones-. Cabe señalar que ocho de los acusados tienen condenas anteriores por narcotráfico.
Según el fiscal, la agrupación «tenía una gran estabilidad personal y logística» y habría actuado al menos desde septiembre de 2017 hasta noviembre de 2018, año en el que fue desmantelada por una operación policial.
Una banda con dos ramas
Siguiendo con la versión del Ministerio Público, la banda se dividía en dos ramas: una asentada en la Península -fundamentalmente en Barcelona, Madrid, Sevilla y Valladolid- y otra en Mallorca.
Presuntamente, la rama de la Península se encargaba de traer a España grandes cantidades de droga procedentes de Sudamérica. Esta droga se distribuía en Madrid y Barcelona a menor escala y también se hacía llegar a Mallorca mediante coches con doble fondo o compartimentos ocultos.
La Fiscalía detalla en su escrito la estructura del grupo y las funciones que asumía cada uno de los acusados. Señala en su escrito a J.R.S. como supuesto cabecilla de la rama mallorquina, e identifica a otras dos personas como sus hombres de confianza.
En las escalas inferiores de la organización se situaban personas con tareas «meramente auxiliares», como los viajes a la Península para transportar la sustancia, los encargados del almacenamiento y los vendedores que entregaban la droga a los consumidores, cobrando una comisión de la banda.
