Dieciséis acusados, once abogados, tres jueces y un fiscal. Celebrar un macrojuicio en plena pandemia no es tarea fácil. La Audiencia Provincial de Palma inauguró ayer una nueva era, obligada a tirar de ingenio para equilibrar la imparable actividad judicial y el respeto a las medidas de seguridad por el coronavirus. La vista por narcotráfico se celebra en dos salas diferentes del mismo edificio, conectadas a través de videoconferencia para mantener la distancia de seguridad.
Varios de los sospechosos están presos, por lo que en la sala de vistas de la sección segunda hay también algunos policías custodiándolos. Mientras, en la sala del jurado, el tribunal, los letrados y el fiscal se acomodan. Es un espacio amplio, pero se queda pequeño. Cuatro de los abogados se sientan, repartidos por el salón, en sillas pupitres. Resignados porque los papeles se les amontonan en la pequeña tabla.
La conexión entre las dos salas emite un zumbido continuo que cubre las primeras palabras de la presidente del tribunal. Al final, hay que acabar bajando el volumen del televisor. Como hay que mantener el espacio ventilado, las ventanas están abiertas. Por ellas se cuelan a ratos el ruido de una obra cercana y los gritos de varias mujeres reunidas en la calle. A ratos es complicado escuchar a quienes intervienen en el juicio. La magistrada que lo preside pide a todos que ocupen el mismo lugar durante todas las sesiones y antes de entrar se limpien las manos con gel hidroalcohólico. Para declarar, los procesados deberán ir de una sala a otra.
100 años de cárcel
El juicio es al clan de Los Orta, una familia que según la fiscalía traficó con drogas -cocaína, MDMA, ketamina, cannabis y hachís- a gran escala entre 2015 y 2016 en Manacor, Felanitx, Portocolom, Porto Cristo, Sant Llorenç y Son Carrió. Los acusados se enfrentan a penas que suman más de 100 años de cárcel por varios delitos. Varios abogados pidieron ayer anular buena parte de la causa al considerar que las escuchas telefónicas no estaban justificadas.
