Agentes de la Policía Nacional han arrestado a un hombre de 50 años que presuntamente ha falsificado documentos para que al menos 39 ciudadanos marroquíes residentes en Palma y Manacor pudieran optar a la reunificación de sus familias. El hombre falsificaba tanto contratos de alquiler de casas como certificados de empadronamiento e informes de adecuación de vivienda, por los que cobraba entre 500 y 3.500 euros. Los investigadores han detectado una cuarentena de falsificaciones, aunque sospechan que la cifra total alcance el centenar de casos.
El fraude fue descubierto por funcionarios del área de Trabajo e Inmigración de Delegación del Gobierno, que se encontraron con una serie de peticiones de ciudadanos marroquíes para optar a la reunificación familiar que aportaban documentos visiblemente falsificados. Tras tener conocimiento de estas posibles irregularidades, la Policía Nacional abrió una investigación y confirmó que había un alto número de peticiones de reagrupación en las que había documentación fraudulenta.
Esta investigación condujo a la detención de un ciudadano español de 50 años como presunto responsable de las falsificaciones, acusado de un delito de falsificación documental y favorecimiento de la inmigración irregular, y de otras 39 personas, todas de nacionalidad marroquí, que habrían presentado estos documentos fraudulentos con el objetivo de conseguir la reagrupación familiar.
Los documentos falsificados eran contratos de alquiler, en los que los marroquíes simulaban que residían en alguno de los pisos propiedad del español, pero también había certificados de empadronamiento y convivencia del Ayuntamiento de Manacor y sobre todo informes de adecuación de la vivienda. Los ciudadanos marroquíes eran todos inmigrantes legales, pero residían en viviendas que no reunían los requisitos que la Administración demanda para permitir la reagrupación familiar.
Para ello el detenido realizaba un contrato falso de alquiler de una vivienda de su propiedad a nombre del ciudadano extranjero, para después manipular los certificados de empadronamiento y convivencia. Además, dado que para la tramitación del Expediente de Reagrupación Familiar es necesario un Informe de Adecuación de la Vivienda, también falsificaba este documento. Con todo ello, los ciudadanos extranjeros acudían al Área de Trabajo e Inmigración de la Delegación del Gobierno para solicitar los permisos de residencia para sus familiares.
Los investigadores han descubierto que el principal responsable de la trama cobraba a los extranjeros entre 500 y 3.500 euros por los documentos falsificados, con lo que la actividad le proporcionaba grandes beneficios.
Del análisis de la documentación aportada por el Área de Trabajo e Inmigración de Delegación del Gobierno se desprende que habría al menos 39 ciudadanos marroquíes que habrían aportado documentación fraudulenta. Todos ellos han sido detenidos como presuntos autores de un delito de falsificación documental. Sin embargo, las gestiones policiales prosiguen, y los investigadores creen que el volumen del fraude podría ser muy superior y alcanzar un centenar de casos.
Los funcionarios del Área prosiguen revisando expedientes de reagrupación familiar tramitados durante los últimos meses para comprobar si hay más casos de falsificación.
