Cuatro acusados de estafar 75.000 euros a la hermana de uno de ellos negaron ayer, durante el juicio celebrado en la Audiencia de Palma, haberse concertado para desvalijar a la víctima. Los sospechosos rechazaron haberle hecho creer que necesitaban dinero para cobrar una herencia de dos millones de euros y apuntaron a una inversión fallida como origen del caso. Todos negaron cualquier implicación en el fraude, por el que la perjudicada acabó perdiendo una finca en Costitx con la que había avalado la operación. La fiscalía reclama sendas condenas de cuatro años y nueve meses de cárcel para tres de los procesados, mientras el cuarto se sienta en el banquillo por la acción de la acusación particular sin que el ministerio público considere acreditado que estaba al corriente de la estafa.

Las principales acusadas, dos mujeres de 59 y 71 años señalaron que, decidieron reunir dinero para invertir "en unos bonos y obtener beneficio" y así propusieron a la perjudicada, hermana de una de ellas, que entrara en el negocio. Ambas rechazaron tajantemente haber simulado que una había recibido una herencia millonaria por un familiar fallecido en Alemania y debía hacer frente a importantes gastos para ofrecerle una comisión a cambio de liquidez. Las dos afirmaron que los bonos en cuestión nunca llegaron a darles el rendimiento prometido y descargaron la responsabilidad en quienes las embarcarcaron en aquel negocio. De este modo, trataron de explicar por qué no pudieron devolver a la denunciante el dinero prestado.

También rechazaron las acusaciones un abogado que habría asesorado a las mujeres para llevar a cabo el fraude y un amigo de estas que según la fiscalía participó reconociendo una deuda con la víctima y avalándola con su propia casa en una operación que en realidad no tenía validez.

Las acusaciones sostienen que los acusados urdieron un plan para estafar a la perjudicada en 2013. Se aprovecharon, siempre según la fiscalía, de que necesitaba dinero para una intervención quirúrgica. Así, le ofrecieron una comisión de 18.000 euros por avalar con una finca suya en Costitx un préstamo de 75.000 euros, dinero con el que se podría cobrar la falsa herencia.

La perjudicada accedió y la operación se llevó a cabo, pero solo recibió 6.000 euros. No pudo hacer frente a los pagos del crédito, por lo que el prestamista, ajeno a la estafa según las acusaciones, acabó instando la ejecución hipotecaria de la finca de Costitx en julio de 2013. Casi cuatro años después, un juzgado de primera instancia de Inca acordó, como medida cautelar, suspender la subasta del inmueble ante los indicios de que la víctima había sido engañada. Está previsto que el juicio concluya hoy.