Dos narcos fueron condenados ayer en la Audiencia Provincial a nueve años de cárcel por traer cinco kilos de cocaína al Puerto de Palma, escondida en el interior de un coche, procedente de Barcelona. Uno de los acusados aceptó cumplir una pena de seis años de prisión y abonar una multa de 440.000 euros. Mientras, el otro encausado ser conformó con una pena de tres años y a ser deportado a Marruecos, su país natal, al cumplir la mitad de la condena.

Con carácter previo a la celebración del juicio, los abogados defensores de los procesados y el fiscal alcanzaron un acuerdo de conformidad. El representante del ministerio público reclamaba para cada uno de los acusados ocho años de prisión y el abono de 600.000 euros. En virtud de este acuerdo, se rebajó la pena y reconocieron su participación en el delito.

Los hechos por los que los dos encausados, ambos de nacionalidad marroquí, fueron juzgados ayer en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma se remontan al 19 de marzo del pasado año en el Puerto de Palma. Sobre las seis y media de la mañana, el ferry procedente de Barcelona acababa de atracar en la estación marítima.

A continuación, los dos jóvenes magrebíes salieron de la bodega del barco en el interior de un Volkswagen Golf que uno de ellos conducía. Un perro de la Guardia Civil detectó droga en el interior del vehículo.

Para un examen más meticuloso, el turismo fue trasladado a las dependencias del instituto armado. Después de concienzudo trabajo, los investigadores encontraron la droga escondida en un compartimento oculto en un doble fondo, situado junto al tubo de escape. Allí intervinieron cuatro paquetes de un kilo de cocaína cada uno y una bolsa con medio kilo de esta sustancia estupefaciente.

Registro domiciliario

La droga intervenida tenía una pureza de más del 70% y se calculaba que su valor en el mercado habría alcanzado más de 435.000 euros. En concreto, la cocaína de los paquetes estaría tasada en 387.181,41 euros. y en 50.195 euros la droga que contenía la bolsa de plástico.

La cocaína la habían adquirido en Barcelona, adonde habían viajado el día anterior. Sus intenciones era vender la droga en Mallorca entre los consumidores de esta sustancia estupefaciente en diversos puntos de la isla.

A raíz del hallazgo de la cocaína en el interior de un doble fondo habilitado en los bajos del Volkswagen Golf, con el que habían viajado en el ferry desde Barcelona a Mallorca, los investigadores se trasladaron hasta el inmueble donde residía uno de ellos. Su domicilio se encontraba situado en una vivienda ubicada junto a la carretera que conecta las localidades de Artà con el Port d'Alcúdia.

Durante el registro domiciliario se le intervino a uno de los procesados 21.190 euros en efectivo procedentes de la venta de droga. Un investigador de la Guardia Civil declaró ayer, durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial, que el residente en este inmueble, al verse descubierto, le entregó el dinero, la balanza de precisión y la sustancia de corte con la que trataba la sustancia estupefaciente. Al parecer, el cabecilla había adquirido la droga en Barcelona y el otro detenido, que viajaba en el asiento del copiloto, se había ofrecido a acompañarle durante el trayecto en barco a cambio de una suculenta comisión.

A preguntas de su abogado, el supuesto cabecilla aseguró que en el momento de producirse los hechos era consumidor de cocaína. Esta circunstancia, de acuerdo con su versión, le habría hecho traficar con esta droga. No obstante durante la vista afirmó que se había recuperado completamente de esta adicción.

Tras alcanzar el acuerdo de conformidad, el principal acusado acató el decomiso de todo el dinero que le habían intervenido y del Volkswagen Golf, de su propiedad, con el que habían traído la droga a Mallorca desde Barcelona- También aceptó cumplir una pena de seis años de prisión por un delito contra la salud pública y el pago de una multa de 440.000 euros.

Mientras, el otro procesado aceptó una pena de tres años de prisión y su deportación a Marruecos al cumplir la mitad de la condena. La resolución establece la prohibición de volver a España en un periodo de diez años.