Un joven acusado de abusar sexualmente su sobrina de 13 años en el domicilio de su hermana, en Palma, aceptó ayer una pena de dos años y un mes de prisión tras reconocer su participación en los hechos. Esta circunstancia, el mes más de prisión a los dos años, inhabilita la solicitud de suspensión de la condena y deberá de ingresar en la cárcel.

El fiscal solicitaba inicialmente para el encausado una pena de cinco años de prisión, con el agravante de abuso de confianza de la víctima. Con carácter previo a la celebración de la vista, el acusado depositó la suma de 12.000 euros para resarcir el perjuicio causado y se apreció la atenuante de reparación del daño. Aunque el representante del ministerio público accedió a rebajar la pena rehusó a impedir el ingreso en prisión del procesado.

Los hechos que se juzgaron ayer en la Sección Primera de la Audiencia Provincial se produjeron en una hora no determinada de la noche del 3 de marzo de 2018 en el domicilio de Palma de la hermana del acusado.

Al parecer, el procesado acudía con frecuencia a pernoctar en casa de su hermana. Allí también se encontraban sus sobrinos de 13 años y el procesado dormía con ellos, dada la estrecha relación que tenía con ambos.

En un momento dado, el encausado cogió a su sobrina del brazo y la llevó del brazo para que se durmiera. Una vez que se encontraba en la cama, le preguntó a la niña si confiaba en él. La niña contestó afirmativamente. A continuación, le bajó la parte de arriba del pijama y la ropa interior.

El procesado se bajó también su ropa interior y la tumbó de lado. De acuerdo con el escrito de acusación del fiscal, el acusado actuó "con ánimo libidinoso, le acarició las piernas y los pechos. Acto seguido se pegó al cuerpo de la menor y se masturbó con su roce hasta que llegó a eyacular. El representante del ministerio público calificó estos hechos como un delito de abuso sexual de menor de 16 años con el agravante de abuso de confianza sobre la niña.

Dos horas de negociación

Después de casi dos horas de negociación, el abogado defensor y el fiscal alcanzaron un acuerdo de conformidad. La acusación pública rebajó su solicitud de cinco años a dos años y un mes. Este mes, unida a la ausencia de antecedentes del procesado, habrían propiciado la suspensión de la condena. No obstante, el ministerio público se mostró inflexible ante la pretensión de evitar la cárcel.

El procesado admitió los hechos y abonó 12.000 euros a la víctima para resarcir el perjuicio causado. Además de los dos años y un mes de prisión para el acusado, la sentencia estableció la obligatoriedad de someterse a libertad vigilada durante siete años y a realizar un curso de educación sexual.

Asimismo, la resolución judicial decretó la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros o de comunicarse con ella durante un periodo de diez años.