El IMAS, el departamento público dependiente del Consell de Mallorca, que asume la tutela de menores, tendrá que afrontar el pago de una indemnización por una agresión cometida por uno de sus tutelados. Una indemnización que tendrá que compartir con el Govern balear, dado que esta agresión se cometió en el centro de reclusión de es Pinaret, responsabilidad de la administración autonómica. La indemnización económica es de 150 euros, cantidad a la que hay que sumarle los intereses.
El menor desde su corta infancia había sido tutelado por el Consell, después de que se le retirara la custodia a sus padres. Empezó muy pronto su actividad delictiva que le llevó, aún siendo menor, a ingresar en el centro de reclusión tras ser condenado por haber cometido un delito.
El adolescente no cumplía las órdenes disciplinarias que se imponen en este centro. Por esta razón mantuvo varios enfrentamientos con los vigilantes de seguridad. El día 29 de abril del año 2018 protagonizó una disputa física contra varios vigilantes de seguridad del centro público. Se abalanzó sobre uno de ellos y le golpeó con la cabeza, provocándole serias lesiones. El agresor tuvo que ser reducido a la fuerza y se aplicaron las medidas disciplinarias correspondientes por este tipo de incidente. Además, se presentó una denuncia ante la fiscalía de menores, que llevó a juicio al adolescente conflictivo.
El agredido tuvo que recibir asistencia médica por las lesiones que le había producido el adolescentes. Pasó varios días de baja médica, hasta que logró incorporarse de nuevo al trabajo.
El juez de menores declaró la culpabilidad del agresor, al que condenó por atentado y lesiones. Le impuso una sanción de internamiento durante un periodo de cuatro meses, más otro mes de vigilancia. El juez, además, reconoció el derecho del vigilante de seguridad a cobrar una indemnización económica por las lesiones que sufrió.
La discusión sobre este caso se centraba en determinar qué administración debía asumir el pago de la indemnización. El menor se encontraba bajo la tutela desde que cumplió los nueve años (en el momento de la agresión tenía 15 años), del Consell de Mallorca, pero los hechos se produjeron en una institución de la comunidad autónoma. Fue la fiscalía la que consideró que la indemnización debía ser compartida, a pesar de la oposición del IMAS a reconocer su responsabilidad sobre este incidente.
Responsabilidad del Consell
El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia le da la razón a la fiscalía y condena a ambos organismos públicos. La sentencia recuerda que la responsabilidad del Consell de Mallorca sobre este menor no se suspende, a pesar de que el adolescente estuviera ingresado en un centro que depende del Govern balear, por haber cometido un delito.
