Un segundo juzgado ha abierto diligencias penales contra el autor que grabó el vídeo viral de la Policía Nacional entrando en un piso den Palma, a raíz de una llamada de una vecina que aseguraba que se estaba celebrando una fiesta durante la fase 0 de la desescalada.

En concreto, el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma ha acordado incoar diligencias previas por estos hechos a raíz de una denuncia de la Confederación Española de Policía (CEP) por un presunto delito de desobediencia.

Cabe recordar que este lunes trascendió que el Juzgado de Instrucción número 12 también había abierto diligencias y ha citado a declarar al hombre como imputado, en este caso por una denuncia del sindicato Jupol. Previsiblemente, las dos causas deberán unificarse puesto que no pueden darse instrucciones paralelas sobre los mismos hechos.

Los hechos recogidos en el polémico vídeo tuvieron lugar el 9 de mayo, cuando Mallorca estaba en la fase 0 del plan de desescalada. Los agentes se personaron en el domicilio por la llamada de una vecina que aseguraba que se estaba celebrando una fiesta con varias personas que no residían allí.

En la vivienda estaba el hombre denunciado, que grabó lo que ocurría con su móvil y conminó a los agentes a marcharse. Los agentes y el hombre -que en el vídeo se identifica como abogado- ofrecen versiones contradictorias de cómo se produjo la entrada en el piso, que no está recogida en las imágenes.

La CEP sostiene que los policías actuaron "conforme a la legalidad vigente, contando en todo momento con el consentimiento por parte del morador habitual y propietario de la vivienda para entrar en la misma".

El hombre rechazó identificarse ni dejar de grabar porque defendía que estaba en su derecho. Argumentó que no tenían una orden judicial, y negaba que se les hubiera dado permiso para entrar, por lo que en el vídeo les acusa de haber entrado "por la fuerza". En las imágenes, el hombre dice que lleva dos meses viviendo en el piso, mientras que los policías mantienen que no es su casa.

La CEP ha avanzado que desarrollará "todas las acciones legales necesarias para proteger el honor y la imagen de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, así como de la propia institución policial". El bufete de abogados Monserrat dirigirá la acusación en nombre de la CEP.