Seis personas han ingresado en prisión por orden de un juez por una presunta ciberestafa contra más de 40 empresas de España, Estados Unidos, Francia, Portugal y Rumanía que supera los dos millones de euros.
Según la Guardia Civil, a estos individuos se les atribuyen los supuestos delitos.
La organización desarticulada accedía al sistema informático de las empresas víctimas y contactaban con los clientes para que realizaran los pagos pendientes en cuentas bancarias al servicio de la trama. Utilizando el método conocido como "man in the middle", estas cuentas estaban a nombre de intermediarios que recibían a cambio una comisión de entre un 5 y un 10 por ciento de lo estafado.
El modus operandi consistía en atacar las cuentas de correo electrónico de las empresas para obtener datos de facturas pendientes, cuentas bancarias y clientes potenciales. Una vez dentro del sistema informático, seleccionaban a uno de estos clientes y, tras hacerse pasar por la empresa real, les solicitan que el dinero sea ingresado en una cuenta diferente a la acordada, propiedad de la organización.
Una vez realizado el ingreso en estas cuentas fraudulentas, los estafadores supuestamente fraccionaban el dinero y lo repartían, por medio de pequeñas transferencias, a cuentas de "mulas económicas" quienes, posteriormente, lo extraían tras recibir una comisión que oscila entre el 5 y el 10 por ciento de la cantidad recibida.
Guardias Civiles de la Policía Judicial y del Área de Investigación Villajoyosa (Alicante) ya han localizado a más de 40 empresas estafadas de ámbitos tan dispares como laboratorios, cooperativas, colegios privados, hoteles, energéticas o transportes.
Hasta el momento, los agentes han podido recuperar 800.000 euros de la cantidad estafada y también han bloqueado 150 cuentas bancarias de diferentes entidades financieras.
La red desmantelada contaba con más de 60 personas a su disposición para hackear cuentas, distribuir el dinero y evitar que se conociera su verdadera identidad.
Los controladores de estas"mulas" a comisión llegaban a acompañarlas a los cajeros automáticos para asegurarse de que les entregaban el dinero en efectivo. Estos testaferros eran captados entre personas con necesidades económicas, muchas de ellas agravadas con la situación actual del estado de alarma.
En el caso de que el dinero fuera retenido por las entidades bancarias por sospechas de blanqueo de capitales, la organización extendía falsos contratos mercantiles a nombre de las mulas para tratar de desbloquear el capital retenido.
En los diferentes registros domiciliarios realizados, se han incautado cerca de 27.000 euros en efectivo, numerosos teléfonos móviles de última generación, agendas con anotaciones de las transacciones económicas delictivas y un vehículo. La operación continúa abierta y la Guardia Civil no descarta nuevas detenciones.
