Los distintos cuerpos policiales irrumpieron en cinco fiestas que se celebraban este fin de semana en Palma, Magaluf, en las que se había reunido gente que no residía en esos domicilios, quebrantando las disposiciones del decreto de alarma para frenar la expansión del coronavirus. En la celebración descubierta en un lujoso chalé en Eivissa había veinte jóvenes de distintas nacionalidades, que contaban con un servicio de catering y un disc-jockey. El promotor del evento fue detenido. En los cientos de controles policiales realizados en las islas entre el viernes y el domingo se han abierto 1.505 actas de sanción por quebrantar el confinamiento.
Las primeras intervenciones contra fiestas no autorizadas fueron hechas el viernes por la Policía Local de Palma. A las siete de la tarde sus agentes acudieron a un domicilio del Coll den Rabassa donde encontraron a siete personas con música a alto volumen que no residían allí. Fueron sancionados y obligados a regresar a sus casas. Una hora después el 092 recibió un aviso sobre un grupo de personas que hacía peleas de gallos en la azotea de un edificio de Son Gotleu. Cuando los agentes acudieron al lugar no encontraron rastro de los animales, pero identificaron a seis personas que no vivían en la finca y que estaban bebiendo cervezas juntas. Todas ellas fueron sancionadas.
En la madrugada del sábado la Guardia Civil denunció a tres hombres y una mujer que estaban celebrando una fiesta en un domicilio de Punta Ballena, en Magaluf. La vivienda era de uno de los reunidos, que había invitado a los demás. La Policía Nacional sorprendió el domingo a un grupo de cinco personas que estaban de celebración en la azotea de un edificio de la calle General Ricardo Ortega de Palma. También fueron denunciados.
La Guardia Civil y la Policía Local de Sant Josep (Eivissa) irrumpieron el domingo por la tarde en un lujoso chalé ubicado en una zona aislada, donde había una veintena de jóvenes de diferentes nacionalidades de fiesta. En la entrada de la finca había un cartel anunciando la celebración, que contaba con servicio de catering y un disc-jockey. Todos fueron denunciados y el promotor del evento quedó detenido.
En los cientos de controles realizados entre el viernes y el domingo han sido identificados 4.800 personas y 2.800 vehículos. Durante estos tres días los cuerpos policiales han abierto 1.505 actas de sanción por quebrantar el confinamiento y han detenido a seis personas. Tres de ellos eran familiares, un joven de 25 años y dos mujeres de 47 y 20 años. El joven había sido sorprendido por la Policía Nacional en Palma caminando con otra persona sin respetar la distancia de seguridad. Cuando los agentes le pidieron que se alejara, les increpó e insultó. Posteriormente le vieron de nuevo hablando por teléfono en un coche. Cuando le dijeron que se fuera a su casa se encerró en el vehiculo. Luego reaccionó de forma violenta, golpeó a un agente y huyó hacia un domicilio. Los agentes le alcanzaron y le redujeron. En ese momento, las dos mujeres -su madre y otra familiar- intentaron evitar que fuera detenido y se enfrentaron a los policías. Los tres acabaron arrestados.
La Policía Nacional sorprendió el sábado a un hombre bañándose equipado con un traje de neopreno en la playa de s'Arenal. Los agentes le hicieron salir del agua y le denunciaron.
La Audiencia
La Audiencia Provincial de Palma ha revocado la prisión provisional para un hombre, al parecer un indigente, que fue detenido tras ser sorprendido saltándose el confinamiento hasta en cuatro ocasiones en Palma. El Tribunal admite el recurso presentado por su abogado, que alegaba que no dispone de recursos materiales y debe recurrir a la beneficiencia para conseguir alimentos, y que cuando fue detenido estaba sentado en un banco sin poner en peligro a nadie.
La Audiencia recuerda que la prisión provisional solo se aplica cuando la pena prevista excede de dos años, mientras que la desobediencia se castiga con una pena de tres meses a un año. También destaca que al hombre no le consta aún ningún expediente administrativo sancionador, y que la ley establece la prisión provisional en el caso del estado de excepción, pero no en el estado de alarma. Añade que el hombre al parecer se trata de un indigente, que requiere la adopción de medidas sociales y no la prisión provisional.
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