Un empresario español acusado de explotar laboralmente a dos trabajadores de origen marroquí en una finca de la carretera vieja de Sineu en el verano de 2013 ha negado los hechos hoy en el juicio en la Audiencia de Palma y ha recalcado que actuó por "caridad" ya que los empleados no tenían trabajo ni dónde dormir.
"En ningún momento les obligué a nada. Ellos tenían total libertad. No tenían ninguna cualificación ni especialización. No les engañé, actué por un impulso de cierta caridad", ha manifestado el encausado, que es gestor y asesor fiscal y se enfrenta a una petición de condena de cuatro años de prisión por parte del fiscal por dos delitos contra los derechos de los trabajadores.
El ministerio público mantiene que contrató en junio de 2013 a las dos víctimas como jardineros dos horas diarias cuando en realidad trabajaban diez horas con un día de descanso por un salario de 70 euros a la semana y 30 euros en concepto de manutención. Esta situación se prolongó hasta noviembre de 2013. Los afectados vivían en la finca que tenía alquilada el empresario en la carretera vieja de Sineu, cerca de Son Ferriol. Según la fiscalía, las condiciones de limpieza e higiene eran deplorables allí, ya que no disponían de agua corriente ni en el aseo ni en la cocina.
"Ellos no tenían ni casa ni dónde estar. Vivían allí en la finca. La casa tenía un baño exterior y sí había agua corriente y electricidad", ha señalado el sospechoso, de 63 años. "Trabajaban en la limpieza de la finca desbrozando. En principio les dije dos horas diarias y luego les pasé a un contrato de cuatro horas, siempre de jardineros. Recuerdo que les pagaba por semanas, 180 euros semanales. Y también, de manera voluntaria, les llevaba comida de mi casa: pollo, verdura...", ha añadido el hombre.
"Para nada los tenía como esclavos encerrados en la finca, la verja estaba abierta el 90 por ciento del tiempo", ha subrayado el empresario.
Mientras, uno de los perjudicados ha explicado que dejaron de cobrar dinero a cambio de comida: "Después de los primeros dos meses, nos dejó de dar dinero y nos traía comida del congelador de su casa". La otra víctima ha coincidido: "Nos traía comida congelada, guisantes congelados".
"Él hacía lo que le daba la gana con nosotros", ha destacado uno de los empleados. "Nunca cobré lo mismo a la semana, solo teníamos un día libre, trabajábamos de 8 a 18 horas. Parábamos una hora para comer. Nos dijo que nos pagaría 140 euros a la semana pero él no cumplía. Luego, nos pagaba con alimentos. Nos decía si os doy la comida para qué queréis el dinero, si tenéis pan para qué queréis el dinero", ha relatado uno de los denunciantes.
"Tenía que vivir allí en la finca porque no me quedaba otra. Si no aceptaba vivir allí, no tenía trabajo", ha recordado uno de los afectados, quien ha puntualizado que no había agua corriente en la propiedad y que utilizaban el agua del pozo.
Su compañero ha declarado que los primeros meses sí que cobraron pero luego hubo retrasos. "Me obligó a vivir allí, para poder trabajar teníamos que vivir ahí", ha confirmado. "Yo al principio entendí que el contrato era de ocho horas pero luego me enteré de que eran dos horas", ha asegurado.
El inspector de la Policía Nacional que investigó el caso ha señalado que concluyeron que el salario que recibían las víctimas era bajo, las condiciones abusivas y que vivían en condiciones lamentables. "Eran salarios de entre 70 y 100 euros a la semana, sin vacaciones, con un día libre y jornadas de diez horas diarias", ha indicado el investigador. Otro agente ha agregado que la finca no estaba en condiciones. "Había un camastro, el baño era un desastre, había bastante humedad...", ha recordado el policía durante el juicio.