La fiscalía de Palma solicita una condena de cuatro años de prisión para un empresario acusado de explotar a dos inmigrantes, a los que pagaba 70 euros semanales por diez horas diarias de trabajo y que malvivían en una finca en condiciones infrahumanas. La acusación sostiene que el sospechoso se aprovechó de la falta de arraigo y la precariedad de las víctimas. Está previsto que el juicio se celebre la semana próxima en la Audiencia de Palma.

Los hechos, según el ministerio público, ocurrieron en el año 2013. El procesado contrató a los dos inmigrantes como jardineros, pero estos en la práctica trabajaron como albañiles durante diez horas diarias, con un día de descanso y un salario semanal de 70 euros y otros 30 para manutención.

Además, los dos afectados vivían en una finca del acusado en condiciones deplorables. No había agua corriente ni en el aseo y ni en la cocina, que carecía de fregadero.

La fiscalía imputa al acusado dos delitos contra los derechos de los trabajadores, por los que reclama una condena de cuatro años de prisión y que indemnice a las víctimas.