La fiscalía solicita dos años de prisión para un agente de la Policía Local de Llucmajor por acosar a otro durante 14 años por ser homosexual. Según la acusación, el acusado realizaba de forma sistemática comentarios homófobos sobre la víctima, tanto a ella como a otros compañeros. El perjudicado sufrió problemas psicológicos por esta situación y acabó pidiendo la baja laboral y presentando una denuncia. El ministerio público imputa al sospechoso un delito contra la integridad moral con la agravante de discriminación por orientación sexual. En una vista previa celebrada ayer, las partes no alcanzaron un acuerdo y el juicio se celebrará a principios de 2020.
De acuerdo con el relato de la fiscalía, las humillaciones al perjudicado comenzaron en cuanto ingresó en la Policía Local de Llucmajor en 2001. El procesado habría realizado diversos comentarios despectivos a su compañero por ser homosexual e incluso llegó a transmitir mensajes de este tipo por la emisora del cuerpo policial. "Maricón", "aquí faltan hombres" o "en este cuartel se pierde aceite", decía al acusado, según sostiene el ministerio público en su escrito de conclusiones provisionales.
Problemas psicológicos
El fiscal asegura que esta actitud homófoba no se limitaba al cuartel, sino que el policía humillaba también a su compañero con comentarios en bares y reuniones. La homosexualidad del perjudicado acabó siendo difundida de esta manera por Llucmajor, afirma la acusación.
Esta situación se habría prolongado durante 14 años, hasta que en noviembre de 2015 el afectado solicitó la baja laboral por el hostigamiento sufrido. El agente sufrió una merma psicológica notable, con migrañas, cuadros de ansiedad y aislamiento social, problemas que fueron aumentando con el paso de los años. Fue sometido a un tratamiento psicológico por estrés postraumático, debido al desprestigio profesional y personal padecido. La víctima acabó presentando una denuncia por estos hechos en julio de 2018 y se ha personado en el procedimiento judicial como acusación particular.
El ministerio público considera que estos hechos constituyen un delito contra la integridad moral con la circunstancia agravante de discriminación por orientación o identidad sexual. Por él reclama una pena de dos años de prisión y que se le prohíba aproximarse o comunicarse con el denunciante durante cuatro años. La acusación pública deja en manos del perjudicado la petición de indemnización, a la que podría adherirse tras valorarla, según refleja en su escrito.
Ayer por la mañana se celebró una vista previa por este caso en un juzgado de lo penal de Palma. La fiscalía, la defensa y la acusación particular no alcanzaron un acuerdo de conformidad, por lo que el magistrado señaló el juicio para el próximo mes de febrero.
