La Audiencia Provincial ha condenado a siete años de cárcel a un promotor inmobiliario por estafar con la venta de cuatro pisos ilegales en Palma El procesado adquirió un local comercial y, sin licencia alguna, lo convirtió en viviendas de unos 20 metros cuadrados por las que cobró entre 65.000 y 85.000 euros ocultando las infracciones. Los domicilios incumplían la normativa urbanística y no podían ser legalizados. El tribunal considera al acusado, ya condenado por hechos similares a seis años de prisión, autor de un delito continuado de estafa y le obliga a indemnizar a los perjudicados con 300.000 euros.

El procesado, José Luis Rodríguez Molina, pintor de profesión, compró en agosto de 2007 una planta baja de uso comercial en la barriada de Foners. Cort le concedió una licencia de obra mayor para reconvertir el espacio en una vivienda y seis locales, pero el acusado incumplió las condiciones de presentar un proyecto de ejecución y nombrar arquitecto, aparejador y constructor. Pese a ello, reformó la planta baja para hacer cuatro viviendas de entre 19 y 25 metros cuadrados que incumplían la normativa de ventilación, iluminación y habitabilidad. "Las viviendas no solo eran ilegales, sino también ilegalizables", resume el tribunal en la sentencia.

Consciente de todas estas irregularidades, el acusado vendió los cuatro apartamentos entre junio de 2010 y febrero de 2011 a sendos compradores. El precio de los inmuebles fue cayendo: por el primero cobró 84.960 euros, 80.000 euros por el segundo, 70.000 por el tercero y 65.000 por el último. Los perjudicados fueron ajenos al fraude hasta que una inspección reveló las ilegalidades del inmueble y presentaron una querella en octubre de 2014.

Los magistrados destacan en la sentencia que los compradores eran personas "con muy escasos recursos" para quienes el perjuicio ha sido notable, ya que la compra fue "casi un lujo y un sacrificio enorme" de un bien "que nunca van a poder vender o alquilar de forma legal". También resaltan los antecedentes por hechos similares del procesado y que no ha indemnizado a los afectados. "Este historial [...] dice mucho del acusado, quien no solo "pasa" de las normas urbanísticas sino que además es un malísimo pagador", detalla la sentencia. Por ello, le imponen una condena de siete años de cárcel y una multa de 1.890 euros, descartando las atenuantes de dilaciones indebidas y confesión que planteó su abogado al concluir el juicio.

El tribunal exculpa en la sentencia al arquitecto superior que certificó que los pisos reunían los requisitos de habitabilidad. La fiscalía reclamaba para él dos años y medio de prisión por falsedad en documento oficial, pero el tribunal considera que no hay pruebas de que participara en el fraude ni conociera el estado anterior de la finca, por lo que lo absuelve de ese delito.

Antecedentes: Seis años de prisión por un fraude idéntico

El promotor condenado a siete años de cárcel por la estafa inmobiliaria en la zona de Foners ya cometió un fraude idéntico en Palma en el año 2004. En aquella ocasión reconvirtió, también sin ninguna licencia, una antigua panadería en diez pisos de menos de 40 metros cuadrados que vendió por más de un millón de euros. La Audiencia Provincial le impuso por estos hechos una condena de seis años de prisión en 2015. Además, tiene antecedentes penales por alzamiento de bienes.