El impacto que recibió Paula Fornés, la menor de 15 años que murió atropellada el 24 de junio de 2018 por un coche que se dio a la fuga, fue "tan violento" que la muerte fue prácticamente instantánea, según el médico forense que se encargó de la autopsia.
Así lo explicó el facultativo este miércoles durante el juicio celebrado en Palma., como presunta autora del atropello. Se le imputan cinco delitos, entre ellos el de homicidio por imprudencia grave y el de conducción temeraria, puesto que dio positivo en las pruebas de alcohol.
El forense explicó que la mayoría de lesiones por arrastre que presentaba el cuerpo fueron sin reacción vital, es decir, que el corazón de la víctima ya no estaba latiendo. La joven sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, de tal fuerza que "saltó una escama de hueso craneal", lo que implicó la "desconexión automática del cerebro" y la "destrucción de centros vitales". La pérdida de conciencia fue inmediata.
Por ello, el experto apuntó que "en absoluto" ninguna maniobra de reanimación hubiese servido para salvar la vida a la menor.
La familia de la víctima abandonó la sala durante la declaración del médico forense.
La vía estaba suficientemente iluminada
En la sesión de este martes también declaró un ingeniero municipal, que ratificó que la vía en la que se produjo el accidente estaba suficientemente iluminada. En concreto, el perito indicó que los niveles de iluminación estaban por encima de los mínimos exigidos por ley.
Igualmente, declaró por videoconferencia una experta del Centro Español de Metrología que examinó el etilómetro utilizado para practicar la prueba de alcohol antes de que saliera al mercado. Verificó que el aparato cumple con las exigencias marcadas por la normativa. La defensa renunció a impugnar la validez del aparato, pero no de la prueba, porque sostiene que no se informó a la detenida de sus derechos, al no facilitarle un intérprete.
La Policía Local insiste en que la acusada hablaba español
Los agentes de la Policía Local de Campos que intervinieron la noche del accidente mantuvieron que la acusada entendía y se expresaba en español sin ninguna dificultad. Algunos de ellos reconocieron que solicitó un intérprete en una ocasión, pero que no lo llamaron porque la mujer hablaba en castellano y ella no lo volvió a pedir.
El agente que le leyó sus derechos aseguró que se le informó de la primera prueba de etilometría, la de muestreo, y que se le indicó que en caso de dar positivo se le desplazaría a dependencias de la Policía Local y también que tendría derecho a una prueba de contraste.
Este policía manifestó que, al margen del resultado de la prueba, la mujer presentaba claros síntomas de embriaguez, como halitosis notoria a distancia, habla pastosa, dificultad para mantener el equilibrio y ojos rojos. "Recuerdo el fuerte olor a alcohol de dentro del coche. Era incapaz de subir sola al furgón, tuvimos que ayudarla a entrar", declaró.
Además, el agente señaló que cuando se planteó que la Guardia Civil practicase una prueba de drogas, ella se negó mientras "repetía que sólo había consumido alcohol". También admitió que era la conductora del vehículo, y que éste era propiedad de su pareja.
Los policías de la Local de Campos señalaron que cuando vino una abogada de oficio y cuando la detenida fue atendida por el médico, tampoco solicitó intérprete.
Impugnación de la comunicación de la Interpol
Al término de la sesión de este miércoles se discutió la impugnación planteada por la defensa de una comunicación de la Interpol a través del sistema de información de Schengen (Sirene). En este documento, que aportó la Guardia Civil, la oficina de la Interpol en Varsovia informaba de que la acusada no tenía permiso de conducir según los registros de Polonia, y avisaba de una irregularidad en el permiso de 1998 que había entregado en el momento de la detención.
La defensa planteó inicialmente impugnar la autenticidad de la respuesta de la Interpol, para "sorpresa" de la Fiscalía, que lo consideró una temeridad. El abogado de la acusada cuestionaba la validez de la comunicación porque está en un idioma extranjero (inglés) y no aparece firmado.
El juez le pidió que lo reconsiderase, advirtiéndole de que si su solicitud no prosperaba tendría que hacerse cargo de las costas, y de que si se apreciaba mala fe, incluso podría enfrentarse a una multa. "Necesita una base sólida para decir que cuando la Guardia Civil ha informado de esto ha faltado a la verdad. Decir que el documento no es auténtico es una acusación muy grave", le avisó. Finalmente, tras un receso, la defensa desistió de impugnar la autenticidad del documento pero no su contenido y valoración.
Endurecer el código penal
El trágico suceso tuvo lugar sobre las 02.00 horas de la noche del sábado al domingo, el 24 de junio de 2018, la noche de Sant Joan, en Sa RàpitaSegún varios testigos, la conductora huyó tras el suceso. Un joven la persiguió en coche y la retuvo hasta que llegó la Guardia Civil. La mujer dio positivo en las pruebas de alcoholemia.
La víctima es Paula Fornés, una menor de 15 años. Sus familiares han impulsado campañas de recogidas de firmas pidiendo endurecer el Código Penal para este tipo de casos.
El abogado de la familia pide 11 años de cárcel, la Fiscalía solicita cinco años de prisión y la defensa, la libre absolución. Se le imputa un delito de homicidio por imprudencia grave, otro de lesiones por imprudencia grave, un delito por conducir sin carnet, otro de falsedad en documento público y otro de conducción temeraria.
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