Renata G., la mujer polaca acusada del atropello mortal de la menor Paula Fornés en junio de 2018 en sa Ràpita, no fue asistida tras su detención por un intérprete pese a que lo solicitó tres veces. Varios agentes de la Policía Local de Campos alegaron ayer, en la segunda sesión del juicio, que no consideraron necesaria la presencia del traductor al que tenía derecho la mujer, ya que esta "no insistió" y les "entendía perfectamente" en castellano. El abogado defensor incidirá en las conclusiones definitivas en que se vulneraron los derechos de la sospechosa para invalidar, al menos en parte, el procedimiento judicial. Los agentes confirmaron además que la acusada cuadruplicó la tasa máxima de alcoholemia tras el siniestro y presentaba síntomas evidentes de estar ebria.
Los cuatro policías que declararon ayer en la vista explicaron que, tras el accidente mortal, hablaron con la acusada en castellano y le leyeron sus derechos en este idioma en tres ocasiones durante las horas siguientes. La mujer se acogió a tres de ellos: comunicar su arresto a un familiar, atención médica y ser asistida por un intérprete de polaco. Los agentes admitieron que no contactaron con ningún traductor. "No insistió", justificó uno de los policías. Según dijeron no lo consideraron necesario porque Renata G. les "entendía perfectamente" y atendió todas sus indicaciones en castellano. A preguntas de la acusación particular, un funcionario señaló que la presencia del traductor es principalmente para los interrogatorios y que Renata G. se acogió a su derecho a no declarar en comisaría, apuntando que el intérprete era innecesario. El abogado defensor cuestionó que fueran los propios policías quienes decidieran si la mujer debía ser asistida por un traductor y sostiene que no se le informó debidamente de todos sus derechos, como el de someterse a una analítica de sangre para validar la prueba de alcoholemia.
En este sentido, los investigadores del accidente ratificaron que la mujer dio positivo, cuadruplicando la tasa máxima permitida de alcohol en aire espirado y que presentaba síntomas evidentes de estar ebria. "Tenía el habla pastosa, los ojos rojos y no mantenía el equilibrio. Tuvimos que ayudarla a subir al furgón porque ella sola no podía", contó un agente. Este policía insistió en que la acusada estuvo bien informada del procedimiento y sus derechos y que, tras dar positivo, rechazó la prueba de contraste.
Una técnica del Centro Nacional de Metrología aseguró en el juicio que el etilómetro utilizado en las pruebas a la acusada fue validado tres meses antes del accidente y que cumplía todos los requisitos legales. Su declaración echó por tierra una de las estrategias de la defensa, que argumentaba que el aparato con el que se realizó la prueba de alcoholemia no estaba homologado y, por tanto, el resultado no era válido.
Un ingeniero del Ayuntamiento de Campos, autor de un informe sobre la iluminación en el lugar del accidente, aseguró que "está mejor iluminado que lo que marca la ley". Otro experto afirmó que el arcén donde fue atropellada la víctima está destinado a la circulación de peatones y ciclistas, delimitado con bandas sonoras y cuenta con elementos reflectantes para ser bien visible por los conductores.
El médico forense que practicó la autopsia al cadáver de Paula Fornés aseguró que la víctima sufrió un impacto "tan violento" que le causó la muerte en el acto por las lesiones sufridas en la cabeza.
Renata G. se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de cárcel, que la acusación particular eleva a once. Ayer permaneció durante toda la sesión cabizbaja, mientras los padres, el hermano y otros allegados a la víctima seguían la vista oral entre el público. El juicio terminará hoy con las conclusiones de las partes y la última palabra de la procesada.
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