La conductora acusada de matar a la adolescente de 15 años Paula Fornés en junio de 2018 cuando circulaba ebria en sa Ràpita basó su defensa ayer, en la primera sesión del juicio, en supuestas irregularidades de la Policía tras su detención. La mujer, de nacionalidad polaca, aseguró que los agentes no le informaron debidamente de sus derechos. La procesada afirmó que pese a no saber castellano no fue asistida por un intérprete y nadie le dijo que, tras dar positivo en la prueba de alcoholemia, tenía derecho a una analítica de contraste. Policías, guardias civiles y testigos que estuvieron con ella el día de los hechos explicaron, en cambio, que la mujer se expresaba bien en castellano y no tuvieron problemas para entenderse con ella. Además, aseguraron que tras el accidente tenía síntomas de estar ebria y que su carné de conducir polaco estaba falsificado.

Renata G., de 46 años, estuvo cabizbaja durante las más de seis horas que duró la vista y solo respondió al cuestionario de su abogado, sin ninguna referencia al atropello mortal. Afirmó que llegó a Mallorca hacia el año 2012 y que solo sabe unas pocas palabras y expresiones en castellano. Según su versión, cuando fue interceptada y arrestada la Policía Local de Campos no le informó de sus derechos: ni del procedimiento de la prueba de alcoholemia, ni de que podía someterse a una analítica de sangre ni que podía ser asistida por una intérprete. Alegó que firmó la lectura de sus derechos "porque estaba en shock" y un agente le dijo que debía firmarlo.

La mujer se defendió de la acusación de utilizar un carné falsificado asegurando que obtuvo el permiso en 1998 en su país, tras acudir a una autoescuela y aprobar el examen. Además, señaló que cuando se produjo el atropello mortal tenía problemas con el alcohol. "Desde que murieron mis padres en 2015 empecé a consumir alcohol", afirmó. Tras pasar unos días en prisión preventiva por la muerte de Paula Fornés inició un tratamiento psicológico y posteriormente otro en la Unidad de Conductas Adictivas (UCA) de Manacor, dijo.

Los agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Campos que estuvieron con la acusada tras el atropello afirmaron, en cambio, que se comunicaron sin problemas con ella sin intérprete y que atendió debidamente todas sus indicaciones. "Hablaba poco, pero lo que decía lo decía en castellano. No tuve dificultades para entenderme con ella", señaló un guardia civil que la identificó tras el siniestro. "Lo entendía todo perfectamente. No hablaba muy bien, su castellano era malo, pero lo comprendía todo", dijo otro agente.

"Entendía bien el castellano"

Varios miembros de la Policía Local de Campos aseguraron que tras detener a la acusada le informaron varias veces de sus derechos, e incluso hizo uso de ellos, como recibir asistencia médica o comunicar su arresto a un familiar. A preguntas de la defensa, uno de los funcionarios admitió que la sospechosa solicitó ser asistida por un intérprete, pero que no lo llamaron "porque entendía bien el castellano".

"En ningún momento dudamos de que supiera lo que le decíamos", resumió uno de los agentes.

En el mismo sentido, un testigo que siguió, localizó y retuvo a la acusada cuando esta se marchó del lugar tras el atropello dijo que se comunicó con ella en castellano. "Me preguntó qué había pasado y le dije que se había llevado a una niña por delante". La mujer, replicó: "En cinco segundos que me he despistado con el móvil, no sé qué ha pasado".

Respecto al atropello, varios conductores que se cruzaron con el coche de la acusada señalaron que circulaba "haciendo eses" y "deprisa". Una joven afirmó que tuvo que realizar una maniobra evasiva cuando el turismo de la sospechosa invadió su carril. Testigos y agentes coincidieron en que presentaba síntomas evidentes de estar ebria. "Olía a alcohol. Tenía los ojos vidriosos y apenas podía tenerse en pie", afirmaron.

Los policías que investigaron el siniestro afirmaron que se produjo de madrugada en un tramo "recto y bien iluminado" y que el coche invadió una zona destinada a peatones y ciclistas "perfectamente señalizada" por la que en ese momento caminaba la víctima junto a varias amigas.

Carné falso

Sobre el carné de conducir polaco de la procesada, un investigador de la Guardia Civil explicó que las autoridades polacas informaron a través de Interpol de que era falso. Según relató, en las bases de datos de aquel país no constaba que la mujer tuviera permiso y además el documento en cuestión era fraudulento.

El marido de la sospechosa, dueño del coche y juzgado como responsable civil, no respondió a ninguna pregunta.

Renata G. está acusada de delitos de homicidio y lesiones imprudentes, conducción sin carné, conducción temeraria y falsedad en documento público. La fiscalía reclama para ella cinco años de prisión, mientras que el letrado de la familia de la víctima, que ejerce la acusación particular, reclama once años de reclusión. La defensa, por su parte, pide la absolución. El atropello tuvo lugar hacia las dos de la madrugada del 24 de junio de 2018, la noche de Sant Joan, en sa Ràpita. Paula Fornés, de 15 años, falleció en el acto.

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