La fiscalía reclama sendas penas de cuatro años de prisión para los tres responsables de una correduría de seguros de la isla por presuntamente haberse quedado el dinero de las pólizas de 35 clientes entre 2012 y 2014.

Los encausados han comparecido hoy por la mañana en la Audiencia de Palma, pero no han llegado a ningún acuerdo durante la vista previa, por lo que finalmente el juicio se ha pospuesto hasta el próximo 11 de mayo de 2020.

El ministerio público acusa a los tres empresarios de un delito continuado de apropiación indebida con la circunstancia agravante de aprovechamiento de la credibilidad empresarial. Además de los cuatro años de cárcel, el fiscal les pide una multa de 12 meses con una cuota diaria de diez euros y que indemnicen a los clientes perjudicados.

Una de las acusaciones particulares, en representación de una compañía de seguros afectada, solicita una responsabilidad civil de unos 260.000 euros.

Los hechos tuvieron lugar entre 2012 y 2014 cuando los tres acusados, a través de una correduría de comercio que llevaba funcionando muchos años en la isla, y dando así apariencia de seguridad y confianza, concertaron con una treintena de clientes pólizas de seguros, sin que posteriormente ellos liquidaran las cuotas pagadas por los clientes con las compañías de seguros. Así, los clientes se quedaban sin su póliza, pese a haberla abonado correctamente y, además, sin tener conocimiento de ello, según la fiscalía.

La mayoría de víctimas había concertado seguros de vehículos. Hubo algún afectado que sufrió un siniestro y fue entonces cuando se percató de que no tenía seguro, pese a haber pagado la cuota correspondiente.

La correduría de seguros fue creada en el año 2000 y luego en 2010 fue vendida a otra sociedad. El próximo mes de mayo está previsto que se celebre el juicio contra los sospechosos.