Las dos médicos forenses que han estudiado la capacidad mental del monitor del colegio de Sant Agustí, que está acusado de abusar de varios alumnos, sospechan que el individuo pudo exagerar la dolencia mental que padece. Esta sospecha se basa en el cambio del comportamiento de Samuel A.R. en las visitas médicas que se le realizaron. La primera vez que se entrevistó con la forense fue en el juzgado de guardia, tras su detención. El acusado tenía diagnosticado un retraso mental leve. Sin embargo, demostró que tenía la capacidad mental suficiente para manejar los aparatos informáticos, donde guardaba las fotografías eróticas que realizó a los menores, así como las imágenes que se iba descargando.

La perito explicó al tribunal que en esta primera visita el acusado se mostró colaborador. Le dijo que participaba en varias redes sociales y le confesó que había sido detenido "porque hice algo que no debí hacer", refiriéndose a su detención tras ser denunciado de abuso sexual por varios alumnos. La doctora, de inmediato, observó que el monitor presentaba una personalidad manejable. Aunque no tenía la capacidad suficiente para valorar la gravedad de los hechos que habría cometido, sí era consciente que no había actuado bien. Contó también que había tenido dos novias y que no le gustaban los niños, por lo que no sabía porque había cometido los hechos por los que fue detenido.

En la segunda visita, en esta ocasión con dos especialistas, la actitud del acusado fue diferente. La forense explicó que realizó varios test para determinar su nivel de inteligencia, pero no logró resultados por la falta de colaboración. Las contestaciones que realizó Samuel a esta prueba técnica mostraron el resultado de la capacidad mental de un niño de menos de seis años o el de una persona que había sufrido una grave lesión cerebral tras un accidente. Por esta razón, las forenses, aunque no lo podían demostrar, sospecharon que el acusado había exagerado este leve retraso mental que padece.

Además de la prueba pericial, en la segunda sesión del juicio declararon los policías que participaron en la investigación. Una de las agentes que tomó declaración a los niños recordó que los menores estaban muy afectados, en parte porque mantenían una estrecha relación con el acusado que, además de encargarse de trabajos en el comedor escolar, también era monitor de actividades religiosas y extraescolares. Otro de los policías explicó que en el domicilio del acusado se intervinieron varios aparatos informáticos y electrónicos. El acusado había borrado, antes de ser detenido, más de 80 archivos que contenían fotografías sexuales de menores, que pudieron ser recuperadas por los técnicos. Otros archivos borrados, en cambio, no pudieron ser recuperados. La Policía no pudo comprobar si dichos archivos fueron compartidos.

Al concluir el juicio, la fiscalía mantuvo su petición de 31 años de cárcel, mientras la defensa reclamó la absolución.

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