La Policía Nacional de Palma ha detenido a diez personas, presuntos miembros de una trama que habría defraudado unos 600.000 euros a la Seguridad Social. El cabecilla, propietario de una compañía de alquiler de coches en es Coll den Rebassa, presuntamente utilizaba a inmigrantes irregulares e indigentes como testaferros, a los que colocaba como administradores de diecisiete empresas pantalla, con las que evadía el pago de las cuotas de sus trabajadores y diferentes impuestos, y dejaba de abonar las deudas a sus proveedores. Este arrestado quedó libre ayer tras declarar en el juzgado de guardia.
Las investigaciones que han desembocado en la operación Trujifa comenzaron el pasado mes de junio, a raíz de la denuncia de un particular que recibió una notificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, que le reclamaba una cuantiosa deuda.
Las pesquisas de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional condujeron a un entramado de diecisiete empresas, que estarían gestionadas por un español de 64 años a través de una serie de testaferros, y cuya actividad principal era el alquiler de vehículos. Este hombre, que gestionaba también un hostal de s'Arenal, utilizaba a personas en situación de extrema necesidad que captaba allí, como inmigrantes irregulares e indigentes, para colocarles como testaferros en diversas empresas pantalla. Algunos de estos testaferros eran conscientes de lo que hacían, pero otras personas eran engañadas y figuraban como administradores de las empresas sin saberlo, según informa la Policía Nacional.
El sospechoso utilizaba estas empresas para evadir el pago de las cuotas de la Seguridad Social de sus empleados, así como evitar el pago del Impuesto de Sociedades y del IVA, y el abono de las deudas a sus proveedores. La principal actividad del empresario era una agencia de alquiler de coches ubicada en el Coll den Rebassa. Los agentes descubrieron que las condiciones de los vehículos que alquilaba eran pésimas. Algunos carecían del seguro obligatorio y no habían pasado la ITV.
El presunto cabecilla se habría apropiado del pago realizado por una mutua destinado a uno de sus empleados que se encontraba de baja por un grave problema de salud. Este empleado, una vez recuperado, creó una empresa de alquiler de coches, pero cuando volvió a recaer, fue utilizada por el sospechoso para dar de alta a otros empleados de sus empresas. Por este motivo la compañía llegó a acumular una deuda de más de 10.000 euros, que ha impedido que el empleado pueda cobrar una pension. El sospechoso también vendió los coches de la empresa sin el conocimiento de la víctima.
En la operación han sido detenidas diez personas. El cabecilla, español de 64 años, está acusado de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y un delito contra la Seguridad Social. Los otros nueve arrestados son los testaferros -cinco argentinos, dos chilenos, un italiano y un español-, a los que se les imputan los delitos de falsedad documental y contra la Seguridad Social.
