El fiscal ha mantenido este martes su petición de pena de ocho años de prisión para una mujer de origen nigeriano por obligar a prostituirse a una joven compatriota en dos clubs de Inca entre octubre de 2016 y enero de 2017, tras captarla en su país con la falsa promesa de trabajar como camarera.

El ministerio público también ha solicitado este martes en la segunda sesión del juicio en la Audiencia de Palma que se prohíba a la acusada, de 36 años, aproximarse y comunicarse con la víctima durante 15 años y que la indemnice con 16.800 euros por el dinero que obtuvo mediante el ejercicio de la prostitución y por el daño moral causado.

La acusación particular ha reclamado la misma condena, pero en concepto de responsabilidad civil ha pedido una indemnización de 25.000 euros, que es la deuda que la sospechosa conminó a saldar a su compatriota.

Tanto el ministerio público como la abogada de la acusación particular consideran a la sospechosa autora de un delito de trata de seres humanos en concurso con otro de prostitución coactiva y otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Por su parte, la defensa ha solicitado la libre absolución de la mujer al argumentar que existen dudas, ya que la víctima disponía de dos teléfonos móviles, no estaba aislada, tenía libertad de movimientos y "se podía haber ido cuando quiso".

Este martes por la mañana han declarado dos testigos, el dueño y la encargada de uno de los locales de alterne de Inca donde la víctima fue prostituida. El propietario del club ha confirmado que prohibió la entrada al establecimiento a la acusada debido a una pelea por diez euros por una consumición. En cambio, a la víctima se le permitió acceder y, de hecho, estuvo un par de veces. Por eso, según el fiscal, la encausada llamó a la encargada del club para recriminarle que la víctima pudiera estar en el local y ella no. La testigo ha ratificado este martes en la vista oral que recibió esta llamada.

Según el fiscal, la versión de estos dos testigos corrobora el control que tenía la sospechosa sobre la perjudicada. "Ejercía un absoluto control sobre ella", ha recalcado el fiscal en sus informes ante el tribunal de la sección segunda.

El ministerio público ha destacado que la víctima ha sido clara, contundente y precisa en su declaración al relatar cómo fue captada en Nigeria por personas próximas a la acusada y luego viajó por carretera por África hasta Libia. Una vez allí, llegó a las costas italianas en una patera. La joven acabó en un campamento de refugiados en la zona del valle del Po. Allí, fue recogida por la acusada, que la llevó a Mallorca en un vuelo desde Bolonia a Palma. Una vez en la ciudad, fue alojada en casa de la sospechosa, quien le indicó que había contraído una deuda de 25.000 euros que tenía que pagar ejerciendo la prostitución. Entre octubre de 2016 y el 19 de enero de 2017, la víctima fue obligada a prostituirse en dos locales de alterne de Inca hasta que finalmente un cliente se percató de su situación, denunció el caso de trata de seres a la Policía Nacional y los agentes liberaron a la perjudicada.

El caso ha quedado visto para sentencia este martes por la mañana en la Audiencia de Palma.

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