Un sargento de la Guardia Civil, responsable de la operación policial que desarticuló una banda que supuestamente se dedicaba a traficar con drogas en Magalufen el verano de 2017, ha negado este viernes en la segunda sesión del juicio en la Audiencia de Palma haber sufrido presiones políticas y sociales para actuar en la zona de Punta Ballena.
"No me llamó nadie, no sufrí presiones, recibí órdenes de mis superiores. En Magaluf se cometen ilícitos penales y, por eso, se actúa allí. Es una realidad que no la podemos evitar. No hay presiones por parte de nadie. La operación no fue para dar un escarmiento", ha destacado el instructor de las diligencias.
El sargento ha confirmado que se trataba de un único grupo con distintas funciones que desempeñaban sus integrantes. "No le puedo decir quién lideraba la banda", ha reconocido el investigador ante el tribunal de la sección segunda.
La Guardia Civil grabó a varios de los sospechosos cómo actuaban en la calle desde la azotea de un hotel cercano. "En los vídeos vimos transacciones, ventas de droga. Desconocíamos entonces qué sustancias podían ser. No interceptamos a ningún vendedor hasta la explotación de la operación, el 27 de julio de 2017, cuando se intervino droga a varios de los detenidos", detalló el oficial.
Un testigo protegido ha manifestado que desde donde él trabajaba podía ver "claramente" cómo dos personas se dedicaban a vender droga en plena calle en la zona de Punta Ballena. "Se veía movimiento de drogas, yo veía cómo escondían la droga en un desagüe y en un tejado. En un kebab había mucho movimiento de entrada y salida de personas. Un coche casi cada noche aparcaba frente a una puerta", ha apuntado el testigo, que ha reconocido a uno de los acusados.
Otro investigador de la Guardia Civil ha explicado cómo la banda se repartía sus funciones. Según su versión, cuatro sospechosos se encargaban de la distribución de estupefacientes y de la venta directa, otro realizaba funciones de seguridad, mientras el resto se dedicaba a captar a clientes entre los turistas de Magaluf.
El agente ha subrayado que todas estas personas mantenían un fuerte vínculo entre ellas y que en un mes y medio detectaron movimientos de 10.500 euros en uno de los sospechosos.
La banda de 17 acusados afronta penas que suman 102 años de prisión por un delito contra la salud pública y otro de organización criminal. La fiscalía pide para los 17 sospechosos, gran parte de ellos originarios de Senegal y Pakistán, sendas condenas de seis años de cárcel. Los encausados ayer negaron haber vendido droga a turistas entre mayo y julio de 2017 en Magaluf.
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