Un guardia civil ha manifestado hoy en el juicio contra una asociación de cannabis de Llubí en la Audiencia de Palma que conocía de la existencia de este club, pero no que tuviera seis plantaciones en seis fincas en las inmediaciones de este municipio y de Sineu.

"Sabíamos que había una asociación por la gente del pueblo que lo hablaba. Una tarde, un compañero y yo estuvimos en la asociación para ver lo que había. Eran chavales que iban allí a fumar, pero no sabíamos cómo funcionaba la entidad ni cómo estaba organizada", ha detallado el agente.

Este investigador participó en la incautación de 125 plantas de marihuana de la asociación, que arrojó un peso de 81 kilos, a mediados de septiembre de 2015 en varias fincas en Llubí y Sineu.

Por estos hechos, la fiscalía solicita sendas condenas de siete años de prisión y una multa de 300.000 euros para el presidente, secretario y tesorero de la Asociación Balear para el Estudio e Investigación del Cannabis (ABEIC) por asociación ilícita y un delito contra la salud pública.

Por su parte, el abogado defensor reclama la libre absolución de los tres encausados o, de forma alternativa, penas mínimas de un año, seis meses o tres meses de cárcel por un delito contra la salud pública en grado de tentativa con varias circunstancias atenuantes como dilaciones indebidas, dependencia al cannabis, confesión o colaboración.

Un guardia civil ha recalcado hoy en la vista oral que intervinieron todas la plantas de marihuana que encontraron en las fincas del club cannábico. "Casi todas estaban en un estado similar, salvo una finca que se notaba que las plantas habían sido cortadas recientemente. Las fincas estaban valladas y algunas con alarmas. En el perímetro había carteles que indicaban que eran de la asociación", ha recordado el agente.

Otro investigador ha apuntado que en una de las fincas compareció un hombre extranjero y les dijo que hacía labores de seguridad en esos terrenos. "Nos dijo que todo era de la asociación, unas plantas tenían cartel y otras no. Nos dijo que le daban una gratificación, pero no especificó. La mayor parte de esa finca estaba dedicada al cultivo de marihuana, no vimos herramientas ni útiles que indicaran que estaban trabajando levantando una pared de piedra", ha subrayado el testigo.

Este guardia civil también ha reconocido que sabían que existía esta asociación de cannabis en Llubí, pero ha recalcado que no se conocía ninguna plantación ni ubicación de las mismas. En cambio, los acusados, el primer día de juicio, indicaron que se reunían con la Guardia Civil y con la Policía Local para informarles cada año de los cultivos que iban a realizar en función del número de socios que tenían.

Una perito del laboratorio de Sanidad donde se analizó la sustancia intervenida ha explicado que las plantas llegaron en estado de putrefacción y que solo se pesó y analizó los cogollos y las hojas. Otro técnico ha discrepado de esta prueba al considerar que aquello era "una masa amorfa, podrida, que no servía para nada" y que se habían pesado partes que no eran fiscalizables.

Mientras, dos activistas del movimiento cannábico han defendido la actividad de la asociación de Llubí. "Montábamos cenas, torradas, eventos, charlas y hacíamos reuniones en el Ayuntamiento o con grupos políticos. Había lista de espera para entrar en la asociación, los socios tenían que cumplir unos requisitos", ha comentado un testigo. "A día de hoy no se ha condenado a ninguna asociación cannábica en España e incluso en algunos casos se ha devuelto la marihuana intervenida", ha abundado otro activista.

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