La propietaria de una gestoría de Palma fue condenada ayer a 22 meses de prisión por un fraude de casi 700.000 euros con contratos falsos a inmigrantes. A través de una cooperativa creada por ella misma, dio de alta como trabajadores de manera fraudulenta a decenas de extranjeros. Ajenos al engaño, le pagaban hasta 350 euros al mes y a cambio tenían acceso a diversas prestaciones como subsidios de desempleo y bajas por maternidad o renovaban sus permisos para residir en España.
La acusada, representada por el abogado Gaspar Oliver, se declaró autora de un delito continuado de falsedad documental y aceptó la pena, sustituida por una multa de 3.960 euros. Además, deberá indemnizar con 632.870 euros al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE, con 59.541 al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y con otros 5.000 a una mutua por las prestaciones que abonaron a los inmigrantes por los contratos falsificados. Esta condena es fruto del pacto alcanzado por el letrado defensor, la abogada del Estado y la fiscalía, que reclamaba inicialmente tres años de cárcel. En la causa fueron también procesados tres familiares de la mujer, detenida en otras dos operaciones policiales por hechos similares, que ayer quedaron absueltos al retirarse los cargos contra ellos.
El fraude se cometió entre los años 2010 y 2012 mediante una cooperativa fundada años atrás por la acusada, que supuestamente prestaba servicios de limpieza doméstica. A través de esta sociedad, se dio de alta como trabajadores a 348 personas, la mayoría inmigrantes. La entidad, sin embargo, no tenía actividad, ni emitía facturas ni contaba con libros de socios. Su único fin era captar personas asociadas que a cambio de una cantidad fija mensual empezaban a cotizar en el régimen general de la Seguridad Social. Los contratos de trabajo y las altas eran ficticios.
La mujer condenada utilizaba la estructura de su propia gestoría, situada en la calle Joan Bauzà de Palma. Desde allí, ofrecía a inmigrantes en situación regular en España, principalmente mujeres marroquíes, la firma de un contrato de trabajo a cambio de dinero. Se aprovechaba para ello de su precariedad laboral y su escasez de recursos, ya que muchas no entendían bien el castellano ni conocían la documentación necesaria para estos trámites. Incluso consideraban lícito y normal tener que abonar cierta cantidad de dinero a cambio de un contrato de trabajo.
Mediante este modus operandi se produjo un importante fraude a las arcas públicas. Por un lado, la cooperativa de la mujer no abonaba las cuotas por sus empleados a la Seguridad Social. Por otro, los falsos empleados accedían a una serie de prestaciones sociales, como bajas por maternidad o subsidos de desempleo, y podían renovar sus permisos para residir en España de manera legal.
Los inmigrantes abonaban entre 120 y 350 euros por estos contratos que ellos creían legales pero que en realidad eran fraudulentos. Durante el procedimiento judicial solo se pudo localizar a 30 de estos extranjeros para tratar de confirmar las irregularidades cometidas.
La fiscalía llevó a juicio a los cuatro responsables de la cooperativa en cuestión, acusados de delitos de falsedad documental y contra la Seguridad Social. Por ellos reclamaba sendas penas de tres años de prisión y multas de 3.600 euros. El pacto de conformidad alcanzado ayer exoneró a tres de los sospechosos. La presidenta de la cooperativa se declaró autora del primer delito y aceptó por él 22 meses de cárcel.
Las abultadas indemnizaciones que fija la sentencia podrían reducirse, pues varios de los inmigrantes ya tuvieron que devolver las ayudas económicas recibidas por estos contratos falsos.
