22 de marzo de 2019
22.03.2019
Investigación

Interpol busca a los dueños de Autoclick por estafar 50 millones de euros en la venta de cientos de coches

Un juez ordena detener a los tres hermanos propietarios de la empresa con sede en Llucmajor - Les reclaman por comercializar vehículos que no eran suyos

21.03.2019 | 21:02
La sede de Autoclick, en el polígono de Son Oms (Llucmajor), cerrada desde septiembre pasado.

Los hermanos mallorquines Salvador, Antonio y Mónica Llinàs Oñate están siendo buscados en todo el mundo por una estafa de más de 50 millones de euros. Los sospechosos, propietarios de la empresa de alquiler de coches Autoclick, con sede en Llucmajor, están acusados de haber vendido en varios países cientos de vehículos que no eran suyos. El fraude afecta tanto a los legítimos propietarios de los automóviles como a los compradores, ya que unos no han recuperado sus vehículos y los otros no pueden disponer de ellos por carecer de documentación. En el proceso judicial se han personado 51 empresas y particulares perjudicados. El magistrado de Palma encargado del caso dictó la semana pasada una orden internacional de detención y entrega contra estos tres acusados.

Autoclick, fundada en 2014, tuvo una vertiginosa expansión: abrió oficinas en 23 ciudades de siete países europeos y llegó a tener una flota de 20.000 vehículos. La investigación de esta supuesta estafa comenzó hace ahora un año, cuando los afectados empezaron a presentar denuncias y querellas tanto en España como en otros países. Una de las primeras fue de una empresa holandesa. Esta sociedad compró 25 coches en octubre de 2017 a Autoclick por 233.000 euros. Recibió los automóviles un mes después, pero no la documentación, por lo que en la práctica no pudo disponer de los vehículos. Otras demandas eran de entidades financieras y concesionarios que habían alquilado coches a Autoclick en régimen de renting y que al vencer el contrato no habían recuperado el turismo. Autoclick les decía que había desaparecido o se lo habían robado.

Las investigaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional revelaron que este modus operandi ocultaba una estafa millonaria. Según las pesquisas, Autoclick y otras empresas de los hermanos Llinàs –IMT Holding Spain y Balear Sport Car- habían vendido en todo el mundo cientos de vehículos que en realidad no eran suyos, sino que tenían alquilados para explotarlos durante unos años en las ciudades donde tenían sucursales. El volumen de la estafa superaría los 50 millones de euros.

Concurso de acreedores


En junio del año pasado la Guardia Civil acudió a la sede central de Autoclick, en el polígono de Son Oms de Llucmajor, e inmovilizó los 80 turismos que había allí. La empresa siguió operando hasta septiembre, cuando se declaró en concurso de acreedores y echó el cierre.

El juzgado de instrucción número 9 de Palma centralizó la investigación de las denuncias y querellas. Son ya 51 las partes afectadas que se han personado en el proceso judicial. Entre ellos hay tanto entidades bancarias y concesionarios que alquilaron los vehículos a las sociedades investigadas como empresas de varios países europeos que compraron estos coches y los tienen inmovilizados por carecer de la documentación.

El magistrado citó a declarar a los tres hermanos mallorquines que estaban al frente de las sociedades investigadas, pero ninguno de ellos se ha presentado. Las gestiones llevadas a cabo por los investigadores de la Guardia Civil para dar con ellos han sido infructuosas y los tres se encuentran en paradero desconocido.

El pasado jueves, el juez Enrique Morell acordó el arresto de Salvador, Antonio y Mónica Llinàs Oñate y emitió una orden internacional de detención y entrega. Morell ordena en el auto que se introduzcan sus datos en las bases de datos europeas de personas reclamadas por las autoridades de los países Schengen y que se transmita la información a Interpol para intentar localizarlos en cualquier lugar del mundo y extraditarlos a España.

En la causa judicial figuran al menos otras dos personas como investigadas. Una de ellas en una trabajadora de las empresas de los fugitivos, que sí está localizada y se ha desvinculado de la estafa en sus declaraciones. Al parecer, los investigadores hallaron varios correos electrónicos remitidos a los comerciales de las empresas en los que les pedía que vendieran los automóviles de la flota. El juez sigue llevando a cabo diligencias para esclarecer al alcance de la estafa.

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