Un acusado ha aceptó este martes en un juzgado de Palma una pena de multa y el pago de más de 5.000 euros de indemnización por dejar sin agua a sus vecinos en una finca situada en la carretera de Esporles, en el término municipal de Palma, en abril de 2017.

El hombre admitió los hechos y reconoció ser autor de un delito de coacciones. Tras alcanzar las partes un acuerdo, la magistrada dictó sentencia 'in voce' y le condenó a una multa de doce meses con una cuota de seis euros diarios y también le impuso una indemnización de más de 5.000 euros por los desperfectos y el daño moral ocasionado a la pareja de perjudicados, entre ellos una peluquera, que se quedó sin suministro de agua en su negocio.

El encausado, tras comprar el inmueble, derribó el 28 de abril de 2017 una caseta situada en la terraza de su vivienda en la que se alojaba una bomba para extraer agua, que era propiedad de sus vecinos, pese a conocer que los anteriores propietarios, al menos desde 1984, les reconocían el derecho a sacar agua del pozo que hay en la finca y les autorizaron a construir una caseta junto al aljibe, para alojar un motor para sacar el agua.

Con posterioridad, en septiembre de 2017, el sospechoso vació el aljibe a través de una empresa. La pareja de vecinos, a consecuencia de estos hechos, se vio afectada en el uso cotidiano del agua corriente y en la normal explotación de la peluquería que regentaba la mujer perjudicada. Ambos padecieron un importante desasosiego.