Policías mallorquines al servicio de los Ángeles del Infierno

Otro agente del mismo cuerpo afronta una inhabilitación durante un año y seis meses por un delito de omisión del deber de perseguir delitos. Mientras, un sargento de la Guardia Civil se enfrenta a una petición de condena de cinco años y medio de prisión, una multa y un año y seis meses de inhabilitación por falsedad documental, cohecho, violación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos.

La supuesta trama de corrupción policial que salió a relucir en la 'Operación Casablanca' contra la organización criminal de los Ángeles del Infierno fue el origen de la macrocausa del caso Cursach en la que figuran como investigados decenas de policías locales de Palma.

La fiscalía detalla en su escrito de acusación que uno de los sospechosos, un oficial de la Policía Local de Palma destinado en el Grup d'Actuació Preventiva (GAP), que patrullaba en la zona de s'Arenal, mantuvo contactos con uno de los principales acusados para "parar una denuncia" por una agresión con arma blanca ocurrida la noche del 19 de septiembre de 2012 en la Playa de Palma protagonizada por un miembro de los Ángeles del Infierno y que acabó con una persona herida. Según el fiscal, el agente hizo las gestiones para quitar la denuncia.

Otro policía local de Palma implicado en la organización criminal supuestamente proporcionó información a un miembro de la banda motera, al margen de los cauces legalmente establecidos, para localizar a los autores de un robo en el domicilio de uno de los integrantes del grupo.

Este agente realizaba por cuenta ajena trabajos relacionados con labores policiales, por los que cobraba ciertas cantidades de dinero, según el fiscal. Para ello, se apoyaba en una red de contactos constituida por agentes en activo conocidos suyos integrantes de la Policía Local de Palma, Guardia Civil y Policía Nacional, quienes también cobraban por estas actividades.

Khalil Youssafi, uno de los lugartenientes del líder europeo de los Ángeles del Infierno, Frank Hanebuth, ofreció al policía local de Palma participar en las inversiones que estarían planeando en Marruecos. De hecho, el agente acompañó a Khalil en un viaje a Alemania.

La organización criminal disponía para sus fines de los servicios del policía local, con destino en el área de Policía Judicial, y que, por lo tanto, contaba con acceso directo y diario a una gran cantidad de información de interés policial sobre personas, objetos e investigaciones, que se hallaban depositadas en las distintas bases de datos policiales, según el ministerio público.

Khalil, en una conversación telefónica intervenida, contaba a un interlocutor que no tenía que preocuparse ante un posible control policial en un prostíbulo de s'Arenal.

Paralelamente, el sargento de la Guardia Civil investigado también realizaba gestiones para la organización criminal, valiéndose de su condición. Así, debido a sus conocimientos en materia fiscal y administrativa, y gracias a poder acceder a las bases de datos del Instituto Armado, realizó actividades al margen de sus obligaciones profesionales, sirviendo como intermediario en negocios y actividades, hizo favores personales y gestiones de diversa índole para algunos miembros de la banda motera, según la versión del fiscal.

Se encargó de los trámites para conseguir una licencia de actividades de un local en Ibiza de uno de los miembros de la organización a cambio de una cantidad de dinero. En mayo de 2012, un empresario le pidió que realizara funciones de vigilancia y seguridad para una cita con distintas personalidades. Este empresario le solicitó también información acerca de unos individuos aprovechando que podía acceder a las bases de datos de la Guardia Civil.

Una de las actividades más significativas es su intermediación y gestiones para llevar a cabo una operación de blanqueo de unos 300 millones de euros que varios miembros de los Ángeles del Infierno pretendían realizar desde Turquía hasta Suiza. El dinero supuestamente se hallaba en unos palets en Turquía, pero luego se descubrió que no existía en realidad tal cantidad. El guardia civil investigado pidió asesoramiento a un tercero para tratar de desbloquear unos 300 millones intervenidos en una aduana en Madrid, según la acusación pública.

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