La Audiencia de Palma ha condenado a un hombre a un año y nueve meses de prisión y 180 días de trabajos comunitarios por maltratar de forma habitual, acosar y amenazar a su pareja, a la que tenía totalmente sometida, en la ciudad durante la primera mitad de 2017.
El acusado, que se enfrentaba a una petición de pena inicial de 16 años de cárcel por parte de la fiscalía, reconoció los hechos ante el tribunal de la sección segunda. El ministerio público retiró los cargos de agresión sexual y rebajó su solicitud de condena. El sospechoso se declaró autor de un delito de coacciones leves, otro de amenazas leves y dos de malos tratos. Se conformó con trabajos comunitarios, un año y nueve meses de prisión y con la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima durante doce años.
En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la perjudicada con 2.600 euros por las lesiones y el daño moral causados.
El joven no ingresará en la cárcel, ya que la sala le suspendió la condena durante un periodo de cinco años con la condición de que no vuelva a delinquir, pague la indemnización, cumpla con la prohibición de acercarse y comunicarse con su expareja y que, además, realice un programa formativo de educación sexual e igualdad de trato.
Los hechos ocurrieron entre enero y principios de julio de 2017 cuando el acusado mantuvo una relación sentimental con una joven de origen magrebí, en situación irregular en España y madre de una niña de seis años.
La víctima convivió de forma intermitente en el domicilio del procesado y también en el de una familiar, ambos situados en Palma. Al final, la mujer optó por residir en casa de la familiar ante la conducta celosa y posesiva del hombre, quien le indicaba la ropa que tenía que vestir, con quién se podía relacionar e incluso le controlaba los contactos y las llamadas de teléfono que recibía.
El hombre también la golpeaba cuando ella se oponía a su voluntad y llegó a apagar el cigarrillo en su mano o en su brazo cuando la joven se resistía a entregarle su teléfono móvil. El sospechoso la amedrentaba diciéndole que no tenía papeles, que la iban a expulsar de España, o bien que los servicios sociales le iban a quitar la custodia de su hija. Así, consiguió que ella no se atreviera a poner fin de forma definitiva a la situación de sumisión que vivía.
A finales de junio de 2017, la perjudicada finalmente le comunicó que rompía con él y este reaccionó amenazándola diciéndole que si "la veía con otro, la iba a matar, que le iba a verter lejía sobre el cabello y rajarle la cara, pues no le importaba ir a la cárcel".
Durante la primera semana de julio de 2017, el sospechoso acudió todos los días al portal de su casa para que hablase con él. La tarde del 8 de julio, finalmente, consiguió subir a la vivienda. Él la llevó hasta el dormitorio, donde le propuso mantener relaciones sexuales. La joven no se opuso por la situación de dominación que sufría por parte del encausado.
Cuando él se enteró de que había sido denunciado, siguió a su expareja en un coche y le mandó mensajes de voz amedrentándola. A mediados de julio, cuando el juzgado de violencia sobre la mujer dictó una orden de protección y ordenó el ingreso en prisión provisional del sospechoso, la joven, ante las presiones familiares y culturales que sufrió tras la denuncia, compareció en el juzgado y renunció al ejercicio de las acciones penales y civiles. Esta decisión no fue voluntaria y estuvo viciada, según la fiscalía.
