Una técnica especialista en abusos sexuales a menores ha indicado hoy en la segunda sesión del juicio en la Audiencia de Palma cuando tenía once y doce años que es "un factor de peso" a tener en cuenta que el joven, que ayer se retractó y negó los abusos ante la sala, ahora viva con su progenitora.

"Es un factor de peso, primero por la vinculación que tiene con ella, ya que es una figura de referencia para él. Al estar en este ambiente, se puede explicar que se retractara, si vive con ella", ha detallado la perito.

La experta también ha descartado que el menor fuera influenciable y se le hubiera manipulado. Según su versión, no se pudo analizar su credibilidad porque su relato no era continuo. "El menor no aportó un relato espontáneo, libre, suficiente para poderlo analizar. Tenía dificultad para mantener una conversación continua. Solo se podía hacer pregunta respuesta. No había suficiente relato para poder analizarlo", ha precisado la especialista.

El perjudicado tiene diagnosticado un trastorno de déficit de atención (TDA) y presenta un grado de discapacidad psíquica del 33 por ciento, lo que determina que posea unas habilidades cognitivas muy primarias, según la fiscalía.

Pese a que no se le pudiera aplicar los criterios de credibilidad, la técnico ha destacado varios puntos: el menor manifestó haber sufrido abusos sexuales a base de pregunta y respuesta, indicó que la madre se ponía encima, luego describe otra postura y también dijo que se ponía un preservativo para no tener hijos.

La psicóloga también ha recordado que el niño era escueto en sus respuestas, pero se mantenía en ellas, sin adornos y era consistente. También ha descartado que se lo hubiera inventado para obtener un beneficio. "No conseguía ningún beneficio, al contrario, se suspendían las visitas con su madre", ha apuntado la experta.

El joven, que ya es mayor de edad, ayer negó en el juicio que los abusos sexuales fueran ciertos. Según su versión, un educador del centro de acogida en el que estaba ingresado cuando tenía once y doce años le obligó a decirlo y le amenazó.

La fiscal ha pedido once años de prisión para la madre acusada. El abogado defensor ha solicitado la libre absolución ante la ausencia de pruebas y las dudas que han surgido en el juicio.

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