13 de febrero de 2019
13.02.2019
Tribunales

Juicio a dos jóvenes por vender droga en una peluquería de Can Pastilla

Dos testigos dicen que compraron hachís y marihuana en el local, pero los acusados lo niegan

12.02.2019 | 20:30

La Audiencia Provincial juzgó ayer a dos jóvenes acusados de haber vendido hachís y marihuana en la peluquería que uno de ellos regentaba en Can Pastilla, en Palma. Los sospechosos negaron haber distribuido drogas en el local, pero dos testigos aseguraron que adquirieron estupefacientes en el establecimiento. La Policía se incautó de casi 16 kilos de hachís, más de uno y medio de marihuana y 17.000 euros en el comercio y el domicilio del dueño. La fiscalía pide para él cuatro años y medio de cárcel y dos años para el otro acusado, que le había ayudado a vender las drogas.

El principal acusado, en prisión preventiva desde que fue detenido el pasado mes de julio y que solo respondió a su abogado, explicó durante el juicio que es consumidor habitual de hachís y marihuana desde hace "muchos años". "Me fumaba entre 15 y 20 porros al día", dijo. El joven negó haber vendido drogas en su peluquería y señaló que el dinero que se le incautó es fruto de su trabajo y de un donativo de su madre. El otro sospechoso, amigo del peluquero desde hace diez años, afirmó que no consume ni distribuye estupefacientes.

Los dos fueron detenidos el 4 de julio del año pasado después de que la Policía interceptara a varias personas con drogas a su salida de la peluquería. Dos de ellos acabaron admitiendo ante el tribunal que habían adquirido marihuana en el establecimiento, después de negarlo y cuando la fiscalía les mostró sus declaraciones ante el juez, donde reconocían estos hechos. El magistrado presidente les advirtió varias veces que estaban bajo juramento y podían ser condenados si se demostraba que mentían en el juicio. Otros tres testigos sorprendidos por los investigadores con estupefacientes tras pasar por la peluquería, uno de ellos menor de edad, negaron haberlos comprado allí.

El abogado David Salvà, que representa al dueño del comercio, reclamó que se anule la causa al entender que la Policía cometió varias irregularidades. Por un lado, afirmó que el registro en el domicilio fue ilegal porque no se le comunicó al sospechoso que tenía derecho a que su abogada estuviera presente. Además, aseguró que en la vivienda residen más personas a las que no se pidió consentimiento para allanarla. El tribunal de la sección primera anunció que resolverá esta cuestión en la sentencia.

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