"No solo es un evidente riesgo para las personas, también lo es para los acuíferos". De esta contundente forma critica Alfredo Barón, exjefe del servicio de estudios y planificación de la Dirección General de Recursos Hídricos del Govern, la proliferación de perforaciones irregulares y su ausente o deficiente sellado en la isla. "Hay unos 6.000 pozos ilegales en Mallorca", calcula.
Barón sostiene sin ambages que la trágica muerte de Julen al caer a un pozo ilegal en Totalán debería ser aprovechada para poner los medios para que no vuelva a suceder nada igual. "Hay que adoptar medidas de obligado cumplimiento", abunda.
De hecho la legislación vigente en Balears respecto a las perforaciones de pozos data del año 2015. "El principal problema estriba en que las medidas no son de obligado cumplimiento", subraya. La actual revisión del Ejecutivo balear contempla la obligatoriedad del correcto sellado, aunque no ha sido aprobado aún por el Consell de Govern.
Alfredo Barón precisa que la normativa debe acarrear sus correspondientes sanciones en caso de incumplimiento. "Un sellado de un pozo negativo es muy sencillo y su precio no supera los 500 euros. Lógicamente la multa debe ser de un importe superior y ha de correr con los costes del sellado. Si no lo hace él, lo ha de ejecutar la administración pública y el propietario debe de correr con los gastos", precisa.
La Dirección General de Recursos Hídricos del Govern balear autorizó a lo largo del año pasado casi un millar de pozos similares al de Totalán. A ellos hay que añadir una cantidad indeterminada de prospecciones abiertas ilegalmente, sin ningún tipo de permiso ni control. Expertos consultados apuntan a que la proporción de pozos ilegales puede alcanzar un 20% del total.
Una decena de denuncias al año
Según estas estimaciones son miles los pozos abiertos en la superficie de Mallorca a lo largo de estos años. En la mayoría de ellos se encuentra agua, por lo que la prospección queda cerrada. El riesgo lo representan aquellos que se abandonan y en especial los que se han abierto de forma irregular.
Los encargados de controlar estas prospecciones son los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Cuando detectan que se está abriendo un pozo, acuden a la finca para asegurarse de que cuenta con los permisos de Recursos Hídricos y del Ayuntamiento al que pertenezca. La Guardia Civil interpone cada año en torno a una decena de denuncias por abrir pozos sin permiso en la isla.
