La Audiencia de Palma ha retirado el pasaporte esta mañana y obliga a comparecer semanalmente a una acusada de trata de seres humanos, que se enfrenta a una petición de pena de la fiscalía de ocho años de cárcel por obligar a prostituirse a una joven en la isla tras ser captada en Nigeria.

La sospechosa, de 35 años y origen nigeriano, no ha querido llegar a una conformidad hoy, por lo que la vista oral se ha suspendido y el juicio se ha señalado para el próximo 16 de enero.

La fiscal ha pedido al tribunal de la sección segunda como medidas cautelares la retirada del pasaporte de la encausada y su comparecencia un día a la semana. La acusación particular se ha adherido, mientras que la defensa se ha opuesto alegando que la mujer siempre se ha presentado cuando ha sido citada.

Finalmente, la sala le ha retirado el pasaporte y la obliga a comparecer todos los lunes en la Audiencia Provincial.

La sospechosa está acusada de un concurso de delitos: trata de seres humanos, prostitución coactiva y un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Según la fiscalía, en fechas previas a octubre de 2017, la mujer organizó la captación, traslado desde Nigeria y posterior explotación sexual de una joven compatriota de 25 años, que, acuciada por una precaria situación económica en su país de origen, aceptó viajar a España con la falsa promesa de trabajar como camarera.

La encausada organizó su viaje dese Nigeria a Libia por carretera y desde Libia a Europa a bordo de una patera que llegó a las costas italianas. La víctima acabó en un campamento de refugiados en el valle del Po. Desde allí fue recogida por la acusada y voló a Palma procedente de Bolonia el pasado 24 de octubre de 2017 con documentación falsa proporcionada por su captora.

Una vez en la isla, la perjudicada se alojó en el domicilio de la acusada en Palma. En ese momento, la sospechosa le retuvo el pasaporte y le indicó que había contraído una deuda con ella de 25.000 euros que debía devolver ejerciendo la prostitución en dos clubes de alterne de Inca.

La joven se vio obligada a prostituirse por miedo a ser maltratada y de hecho en tres ocasiones fue agredida por la sospechosa. Fue explotada sexualmente desde finales de octubre hasta enero del siguiente año, cuando un cliente de un club denunció su situación ante la Policía Nacional y entonces fue liberada. Durante esos meses, la víctima era acompañada por la acusada en sus desplazamientos y la mujer incluso intermediaba con los clientes a quienes solicitaba 35 euros por mantener relaciones sexuales con la muchacha durante media hora.