Once miembros de una banda de traficantes que perdió 139 kilos de cocaína en el mar entre Balears y Valenciabanda de traficantes que perdió 139 kilos de cocaína en el mar entre Balears y Valencia aceptaron ayer penas de entre dos y seis años de prisión. El alijo, valorado en 16 millones de euros, quedó a la deriva al fallar el localizador GPS que llevaba incorporado y los fardos acabaron apareciendo en varios puntos del archipiélago. Los procesados admitieron los hechos durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía, que rebajó sus peticiones iniciales de condena.
El cargamento fue encargado por cinco de los acusados, tres colombianos y dos españoles, que pretendían introducirlo en Valencia a finales de febrero de 2016. El plan era que sus proveedores lo lanzaran al mar con un localizador para que ellos pudieran encontrarlo y recogerlo.
A la deriva
El alijo fue arrojado al agua entre la península y Balears, pero el dispositivo GPS falló y los narcos no pudieron recogerlo. Los fardos de droga quedaron a la deriva y acabaron llegando en los meses siguientes a varios puntos de la costa balear, donde fueron decomisados. El primero, de 52 kilos, fue hallado el 15 de marzo en es Migjorn, en Formentera. El 3 de abril se hallaron otros 28 kilos en La Victòria, en Alcúdia. A Cala Barril, en Menorca, llegaron 27 kilos de cocaína el 16 de mayo. El paradero de los otros 32 kilos de droga desaparecidos sigue siendo un misterio.
Los otros seis acusados formaban parte de una red de contactos para manipular y distribuir los estupefacientes en Valencia y en Menorca, a donde enviaban por vía marítima importantes partidas ocultas en vehículos. La banda fue desmantelada a finales de 2016 por la Guardia Civil. La fiscalía solicitó inicialmente penas que sumaban 86 años de prisión para los acusados, a los que imputaba delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.
Los once procesados, varios de ellos todavía en prisión preventiva, comparecieron ayer en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma, uno a través de videoconferencia. Allí se escenificó el acuerdo alcanzado entre los abogados defensores y el ministerio público, que rebajó sus peticiones de condena. Los acusados acabaron aceptando penas que oscilan entre los dos años y los seis años y un día de prisión, así como diversas multas.
