La Policía Nacional ha detenido a la dueña y cuatro empleadas de un prostíbulo de Palma por estafar 12.000 euros a ocho clientes tras drogarlos. Las acusadas supuestamente echaban fármacos en las bebidas de las víctimas para dejarlas y luego realizaban abultados cargos con sus tarjetas de crédito e incluso les robaban sus efectos. Los investigadores sospechan que el número de afectados y la cantidad estafada es muy superior, pero que hay muchos perjudicados que no han denunciado para no revelar su presencia en el club.

Las cinco mujeres están acusadas de estafa, falsedad documental, pertenencia a organización criminal y un delito relativo a la prostitución. La investigación se inició el pasado mes de junio, cuando la Policía detectó un aumento de denuncias en clubes de alterne de la zona de s'Aigo Dolça por estafas con tarjetas de crédito. El modus operandi era siempre el mismo: las víctimas aseguraban que tras tomar una copa habían empezado a sentirse mal y no recordaban nada de lo ocurrido a partir de ahí. Al día siguiente descubrían que se habían realizado cargos indebidos en sus cuentas bancarias.

Las investigaciones de la Unidad Contra las Redes de Inmigración (UCRIF) revelaron que la dueña del club, una empresaria de origen brasileño con varios negocios en la zona de Gomila, había actuado junto con cuatro mujeres rumanas y guineanas que ejercen la prostitución en un club de alterne. Supuestamente, echaban fármacos en las bebidas de los clientes para dejarlos inconscientes, y luego cargaban en sus tarjetas de crédito importes muy superiores al consumo real.

La estafa, según informó la Policía Nacional, era cometida con cierta impunidad debido a que muchos de los clientes no denunciaban para que no saliera a la luz su paso por el burdel y evitar problemas familiares. En otros casos, se trataba de turistas extranjeros que no detectaban lo ocurrido hasta que regresaban a su país y consultaban el estado de su cuenta. Por ello, la Policía Nacional cree que tanto el número de perjudicados como el botín obtenido por las acusadas es muy superior a los 12.000 euros estafados a ocho hombre que los agentes han podido acreditar.

Los investigadores han constatado que a uno de los perjudicados le sustrajeron hasta 5.000 euros y a otro le robaron el teléfono móvil que llevaba aprovechando que estaba inconsciente.

Las pesquisas de este caso han sido realizadas por el grupo I de la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía en Illes Balears.